El marido de Gámez cobró 92.000 euros en un año como subdirector de la Junta de Andalucía, pero «nunca ejerció»
Juan Carlos Martínez ocupó un puesto de mando en dos empresas autonómicas en la etapa del PSOE, cuando su mujer era delegada, pero aseguró al juez que en realidad estuvo trabajando como asesor
Dos interventores de la Junta de Andalucía rastrean ya los pagos al marido y dos cuñados de María Gámez
En menos de un año, Juan Carlos Martínez Martínez, marido de la ya exdirectora de la Guardia Civil María Gámez, encadenó dos contratos con la categoría de subdirector en dos empresas distintas del entramado público de la Junta de Andalucía en la etapa ... del PSOE. Pero «nunca ejerció» tales cargos. En realidad, los trabajos que desempeñaba eran de «mero asesoramiento», según reconoce el propio empresario en un escrito enviado hace un año al Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla. La Administración autonómica le pagó unos sueldos brutos que ascendieron a 92.262 euros en los diez meses y medio que ocupó dichos puestos en el año 2010. Por entonces su mujer era la delegada del Gobierno andaluz en la provincia de Málaga, alto cargo que ejerció desde mayo de 2008 hasta abril de 2011.
La máxima responsable del instituto armado ha dimitido esta semana después de que el magistrado José Ignacio Vilaplana citara a su esposo como investigado por haber recibido fondos públicos de la Junta de Andalucía de manera indirecta a través de otra empresa de su hermano Bienvenido Martínez, Experience Management Group. Esta sociedad de consultoría registró ingresos por un montante de 1.364.034 euros, principalmente de empresas públicas donde éste había sido directivo, según un informe del Grupo de Blanqueo de Capitales y Anticorrupción de la Policía Nacional que fue clave en la investigación. De dicha cantidad transfirió 223.665 euros a otras sociedades, una de ellas perteneciente al marido de Gámez.
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Juan Carlos Martínez envió un escrito el 2 de marzo de 2022 al juez José Ignacio Vilaplana, quien entonces lo investigaba en el caso Santana Motor. En este documento acusaba a la Policía Nacional de abrir «una causa general» contra él tras incriminarle en un supuesto tráfico de influencias por la concesión de ayudas a la empresa automovilística Santana Motor, de la que fue presidente su hermano Bienvenido. El juez archivó poco después las pesquisas sobre el esposo de Gámez al no encontrar indicios en dicha causa donde su hermano sí está procesado.
La Agencia IDEA, su antiguo empleador, remitió los contratos al Juzgado. Entre el 19 de enero y el 4 de julio de 2010, Juan Carlos Martínez fue contratado como subdirector de una filial de IDEA denominada Incubadoras de Emprendedores de Andalucía SLU (Incuba).
Un asesor muy demandado por la Junta de Andalucía
El marido de Gámez cobró 30.512 euros por los casi seis meses en los que prestó servicios de «asesoramiento en dirección y gestión empresarial», según consta en el contrato. Al día siguiente de dejar Incuba, el 5 de julio de 2010, fue fichado como «subdirector» por la empresa pública Soprea, también vinculada a IDEA, cargo que desempeñó hasta el 4 de diciembre. Sólo permaneció cinco meses en este puesto. «Las retribuciones devengadas por el trabajador durante el período que prestó servicios para esa entidad ascendieron a 61.750 euros» de salario bruto en 2010. En diez meses, habría percibido más de 92.000 euros.
Tres días después de cesar en Soprea, el 7 de diciembre de 2010, la agencia IDEA recoloca a Juan Carlos Martínez en otra entidad pública, Fagia, como «profesional de apoyo a la administración», según el contrato, en el que, a diferencia de los anteriores, no aparece vacía la casilla sobre el nivel formativo. Se indica que ha cursado «enseñanzas universitarias de segundo ciclo». Fagia le abonó 31.524 euros hasta su cese el 5 de junio de 2011, seis días antes de que María Gámez tomara posesión de su acta como concejala del PSOE en el Ayuntamiento de Málaga.
En el escrito registrado por su defensa en el juzgado, el marido de la exdirectora de la Guardia Civil asegura que «sus funciones fueron de mero asesoramiento, y nunca ejerció de subdirector de ninguna de las empresas aludidas», el puesto que figuraba en los acuerdos laborales. Argumenta que «la denominación que aparece en los contratos debe entenderse y hace referencia a una categoría profesional».
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Para «acreditar» lo que dice, envía al juez la nómina de la única entidad, Fagia, en la que fue contratado con la categoría de técnico. Todas sus explicaciones tienen como objetivo negar que hayan tenido algún contrato de alta dirección, como recoge el informe policial. «Son simples contratos eventuales», matiza, y arremete contra los investigadores por «elucubrar» de forma «tendenciosa» para atribuirle una capacidad de decisión en dichas entidades públicas que él no tenía.
Asegura que no decidía las subvenciones
Juan Carlos Martínez señala que «no ha coincidido laboralmente con su hermano Bienvenido en ningún puesto de trabajo» y tampoco «ha mantenido reunión con empresas ni dentro ni fuera de la Administración para tratar cualquier tema de subvenciones».
Uno de los empleadores de la pareja de Gámez, la empresa Fagia, había contratado irregularmente al cuñado de la entonces delegada del Gobierno andaluz en Málaga con anterioridad. El 1 de noviembre de 2009, Fagia encargó a la sociedad administrada por su hermano Bienvenido Martínez, Experience Management Group SL, la gestión del Centro de Negocios que la Consejería de Innovación abrió en Madrid. El cuñado de Gámez cobró 280.974 euros por esta adjudicación sin concurso que la Policía considera «absolutamente» fraudulenta».
Se presentaba como experto en el mercado chino
El contrato se firmó tan sólo un día después de que Bienvenido Martínez dejara su cargo como director de Inversiones Estratégicas de IDEA. Este organismo público fue el encargado de conceder ayudas millonarias a Laboratorios Farmacéuticos Rovi y a Isofotón.
Esta última empresa malagueña recibió en 2012 un préstamo irregular de 8,4 millones de euros que nunca fue reintegrado. La citada fábrica de placas solares cobró 44,15 millones de euros de los casi 80,5 millones que los gobiernos socialistas le otorgaron entre 2005 y 2012 a través de ayudas a fondo perdido, préstamos y avales, dinero que no se materializó en las inversiones comprometidas y tampoco evitó el cierre de la planta malagueña.
En el año 2012, Isofotón, que estaba controlada por el Grupo Affirma desde junio de 2010, contrató la consultora de Juan Carlos Martínez, Job Management Liberty SL, y le pagó 21.789 euros a cambio de su asesoramiento. En el escrito enviado al juez, éste explica que conoce a los directivos de la entidad Affirma cuando él ya no tenía ninguna responsabilidad en la Junta y que fue contratado «por su experiencia en el mercado exterior, fundamentalmente China», para la apertura de nuevos negocios en el gigante asiático.
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