Los ayuntamientos deben pagar la limpieza de colegios por Covid

Según las tres sentencias a las que ha tenido acceso ABC, «la liquidación que es girada a la administración autonómica es contraria a derecho y no ha de mantenerse». Es decir, los ayuntamientos no pueden mandar a la Junta la factura de la desinfección de los centros escolares. Esta decisión viene a dar la razón al consejero de Educación y Deportes, Javier Imbroda, quien siempre ha sostenido que son los ayuntamientos y no su departamento quien debe asumir este coste.

Entiende el juez que la responsabilidad de limpieza de los colegios es de los ayuntamientos y eso es algo que no cambia por la pandemia. De hecho, las sentencias dan la razón a la argumentación del letrado de la Junta, que expone que «las actividades de desinfección no constituyen una obligación nueva y distinta de la obligación de mantenimiento que le impone el ordenamiento jurídico a la entidades locales» aunque «en este caso sean consecuencia o en cumplimiento de los protocolos específicos de prevención y protección de la salud de los centros educativos».

La cuestión es que, más que una victoria económica, la resolución de este proceso se interpreta más como una cuestión política. Sobre todo porque las cantidades que se dirimían en este proceso no eran elevadas. Se trataba de 3.247 euros en el caso del Ayuntamiento de Bejíjar; 5.722 euros en el caso del de Santiesteban del Puerto; y 1.669 euros en Torredonjimeno, todas ellas localidades de la provincia de Jaén.

Refuerza la idea que este episodio es una cuestión más política que de servicios públicos el que el líder del PSOE andaluz, Juan Espadas, se implicó personalmente en el asunto al inicio del curso pasado. Entonces el socialista exigió a la Consejería de Educación que asumiese estos gastos que ahora el juez reconoce que son responsabilidad de los ayuntamientos.

«La Junta se queda tan pancha y lironda diciendo que esos mismos gastos de desinfección en los colegios los paguen los ayuntamientos. Es una falta de respeto absoluta querer confundir a la gente con lo que es la limpieza ordinaria de los centros y la desinfección extraordinaria», señaló en septiembre Espadas, que añadió que «sólo nos dejan la vía de la reclamación , aunque luego dirán que estamos en la confrontación. Está clarísimo, pero los tribunales lo decidirán».

En esta campaña se involucró también la Diputación de Granada, gobernada por el PSOE, que el pasado mes de diciembre puso sus servicios jurídicos a disposición de los ayuntamientos de la provincia para que pudieran demandar a la Junta por este motivo. Es lo que decía la carta que el diputado de asistencia a municipios, Juan Antonio Palomino, envió entonces a varios consistorios de la provincia y en la que se leía que «si el ayuntamiento desea que se ejerzan acciones judiciales contra la Junta de Andalucía» debería aportar una determinada documentación que será «revisada por los letrados de la Diputación» para después presentar la denuncia contra la Junta.

Por su parte Juan Antonio Palomino, el diputado que envió la carta, defendió entonces su iniciativa. Así, señaló que «no es un acto de oposición» y que «cumple» con el deber que tiene de asistencia a los ayuntamientos de la provincia al ofrecerles asistencia jurídica.