El Gobierno de Susana Díaz dejó en los cajones más de 1.074 millones de euros en facturas sin pagar

La montaña más alta de facturas sin abonar corresponde a proveedores de medicamentos y material sanitario. El Servicio Andaluz de Salud (SAS) contrajo gastos sin sostén presupuestario por un importe total de 607,12 millones de euros. Suyas son el 56,5 por ciento de las facturas que han aflorado al cierre del ejercicio y que han pasado a engrosar la denominada cuenta 413 donde se contabilizan los «acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto».

La táctica de comprar sin control se ha institucionalizado en las consejerías y agencias que dependen de la Junta. Esta costumbre está más extendida en la sanidad, considerada por la anterior presidenta autonómica como la «joya de la corona» de su gestión . Año tras año, en los análisis de las cuentas anuales de la Administración que realiza la Cámara de Cuentas, queda patente que el SAS, que gestiona los hospitales y centros de salud, nunca tiene presupuesto suficiente para atender las necesidades básicas.

Lejos de resolverse, la falta de financiación se ha agravado en el ejercicio de 2017, que aún está pendiente de fiscalización por la Cámara de Cuentas. La Junta ha disparado un 36 por ciento el montante de facturas impagadas. En doce meses ha pasado de 787,57 a 1.074,5 millones de euros , si se comparan las memorias de las cuentas generales de 2016 y 2017 colgadas en la página web de la Junta. La suma total de facturas que deja el Gobierno saliente no se conocerá hasta dentro de un año, cuando se liquiden las cuentas de 2018.

El modus operandi es el siguiente. Cuando surge alguna necesidad y no hay dinero en una consejería y una agencia, procede a realizar la compra aunque se haya agotado la asignación económica. Al carecer de soporte presupuestario, la factura que genera no puede abonarse. Como consecuencia de ello, se guarda en un cajón a la espera de que lleguen tiempos mejores o de su imputación cuando se abra una nueva partida de crédito.

Así han llegado a acumularse más de 300.000 facturas del SAS que corresponden al ejercicio de 2017 y pendientes de años anteriores, incluso después de que la agencia pública se acogiera al plan de pago a proveedores, un mecanismo de financiación extraordinario que puso en marcha el Gobierno de Mariano Rajoy en 2012 para que las administraciones públicas saldaran sus deudas vaciando los cajones.

El descontrol contradice el principio de anualidad del presupuesto , según el cual el gasto que se realiza durante un ejercicio debe imputarse en el mismo, como recuerdan economistas consultados por ABC.

De los 1.074,5 millones de euros contabilizados en esta cuenta de acreedores, que figuran como pasivo, 436,25 millones de euros son bienes y servicios contratados por las consejerías . El resto, 638,24 millones, corresponde a las distintas agencias, tanto administrativas como de régimen especial. Dentro de las agencias, el 95 por ciento son del Servicio Andaluz de Salud: 607,12 millones.

En el desglose por consejerías, la que gastó más dinero a espaldas de la Intervención fue la de Empleo, Empresa y Comercio, que ha dirigido Javier Carnero desde junio de 2017 hasta enero de 2019. Su departamento acumuló facturas impagadas por valor de 156,12 millones de euros. Le siguen la Consejería de Medio Ambiente y la de Economía y Conocimiento, con 96,7 y 63,3 millones, respectivamente.

En la Memoria de la Cuenta General se aclara que hay un descuadre entre el saldo final del ejercicio de 2016 y el de 2017 por la inclusión de deudas detectadas que afloraron en los informes de auditoría de la Intervención General de la Junta de Andalucía . De resultas de esta regularización, se disparó en 103,17 millones el montante de gastos sin control presupuestario en las consejerías y en 53,11 millones en el conjunto de las agencias.

El informe especifica que de los 607,12 millones del SAS , más de la mitad (310,48) constituyen «gastos devengados y no exigibles correspondientes a las recetas de farmacia de los meses de noviembre y diciembre». Este gasto se imputa en los meses de enero y febrero del siguiente año porque, asegura, es «cuando se recibe la factura y se procede a su grabación, contabilización y pago».

El SAS también presenta una partida «muy significativa» dentro del capítulo presupuestario de Personal, que asciende a 115,67 millones de euros. Este montante, que figura en la cuenta acreedora, corresponde a la nómina complementaria del personal interino de la agencia sanitaria, «cuyo pago se materializa en el mes de enero», señala la citada memoria.