Verónica Pérez (PSOE de Sevilla), junto a Rosa Aguilar y Mario Jiménez, en la protesta el día de la investidura
Verónica Pérez (PSOE de Sevilla), junto a Rosa Aguilar y Mario Jiménez, en la protesta el día de la investidura - EFE
DÍA DE LA MUJER

Brecha salarial en la Junta de Andalucía: sus funcionarios hombres cobran un 12 por ciento más que las mujeres

La Cámara de Cuentas advierte de la falta de mujeres en puestos de responsabilidad en la Junta de Andalucía

SevillaActualizado:

Las mujeres suman más de la mitad de la población en Andalucía, se gradúan más y sacan mejores notas en la Universidad, pero su presencia en los puestos de responsabilidad de la Junta es minoritaria. La llegada de la primera mujer a la Presidencia de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, en septiembre de 2013, no rompió estas barreras invisibles. Los llamados «techos de hormigón», de los que se ha quejado con insistencia la actual jefa de la oposición y secretaria general del PSOE-A, han persistido durante sus cinco años de mandato en la Administración.

No es una percepción. Los datos que ofrece la Cámara de Cuentas de Andalucía sobre el último ejercicio fiscalizado (2017) son testarudos: en los órganos directivos de las empresas de la Administración autonómica el 69,8 por ciento de los 212 puestos estaban copados por hombres (son 148) frente al 30,2 por ciento de mujeres (64). En los órganos colegiados de los entes instrumentales, los vocales masculinos acaparaban el 62,8 por ciento y las mujeres sólo ocupaban 157 de los 422 asientos en estos foros de decisión política.

En la Junta de Andalucía nunca se alcanzó la proporción legal de 40-60 por ciento de hombres y mujeres en los puestos de mando autonómicos, aquellos que son designados «a dedo».

La Ley de Promoción de Igualdad de Género en Andalucía de 2007 obligaba a la Administración autonómica a mantener una presencia «equilibrada de mujeres y hombres» en los centros de decisión. Más de una década después de la aprobación de esta norma, que fue reformada el pasado octubre, la «mayor empresa» y la primera empleadora de la comunidad (con 270.000 trabajadores directos) ha incumplido su propia normativa.

Un informe de la Junta reveló hace un año que los funcionarios hombres cobraban hasta un 12% más que las mujeres

En su informe sobre las cuentas del ejercicio 2017 publicado el pasado martes, la Cámara de Cuentas de Andalucía advierte de que «se mantiene el incumplimiento» de la ley.

El órgano fiscalizador recuerda que «la igualdad de trato entre mujeres y hombres supone la ausencia de toda discriminación, directa o indirecta, por razón de sexo, en los ámbitos económico, político, social, laboral, cultural y educativo, especialmente en lo que se refiere al empleo, a la formación profesional y a las condiciones de trabajo».

Sólo se alcanza la proporción adecuada en la plantilla. Desde 2013 a 2017, la presencia femenina en los puestos directivos incluso ha retrocedido. Cuando Díaz llegó al Palacio de San Telmo (sede de la Presidencia) las mujeres con responsabilidad sumaban el 32,2 por ciento. En 2017 pasaron al 30,1%.

Por si cabía alguna duda, el Informe de Evaluación de Impacto de Género que acompaña a los presupuestos de la Junta de Andalucía de 2018 confirma esta desigual presencia femenina en los puestos ejecutivos.

El personal que trabaja en los entes instrumentales (23.899) se distribuye «de una forma equilibrada entre hombres y mujeres». A medida que asciende el escalafón, cambian las tornas. «No se guarda dicha proporción en los mandos intermedios de las organizaciones y, menos aún, en las gerencias —donde sólo el 20,7% son mujeres—, los puestos directivos (31%) o en los órganos de gobierno (33,3%), donde la presencia es siempre minoritaria», concluye el informe elaborado por la propia Junta de Andalucía que analizaba la representación de hombres y mujeres en la Junta y su administración paralela.

No obstante, el estudio autonómico saca pecho al comparar los datos de la Junta con las grandes compañías del Ibex 35. «Estos porcentajes de participación quedan lejos de la presencia de mujeres en los consejos de administración de las empresas del Ibex 35 (19,6 por ciento en 2015) o en el conjunto de entidades cotizadas (15,6%)», expone.

El desequilibrio entre hombres y mujeres también tiene su reflejo en los puestos de mayor responsabilidad política. De las trece consejerías que conformaban el anterior Gobierno, sólo cuatro guardaban «una representación equilibrada por sexo en la ocupación de los puestos de alto cargo». Los datos empeoraban los registros de años anteriores.

El estudio desvela que la proporción legal no se cumple en las consejerías, con un 38,5 por ciento de mujeres, ni en las secretarías generales técnicas, pero en este caso porque hay una excesiva representación femenina. Por otro lado, tan sólo el 37,9 por ciento de las direcciones generales tenían al frente a una mujer.

Desequilibrio por sexo

Este esquema se reproduce en la administración paralela. De las dieciocho agencias públicas empresariales, sólo una tenía a una mujer en el máximo escalón gerencial. En lo que respecta a las fundaciones, en el 60 por ciento de los órganos de gobierno incumplían la distribución paritaria. Las sociedades mercantiles presentan «un alto grado de masculinización en el máximo puesto directivo». Sólo tres de las 16 empresas pública tenían a una mujer gerente, señala el estudio.

En su Informe de Evaluación de Género de 2017, la Junta comparó por primera vez las retribuciones de los empleados públicos por sexo, que están reguladas por ley y sometidas a convenios colectivos. El estudio desveló que existía una brecha salarial dentro de la plantilla de la Junta de Andalucía, lo que contradecía el espíritu de la propia Ley de Promoción de la Igualdad de Género, que combate con sanciones «los espacios de discriminación en el mercado laboral». Los funcionarios hombres cobraban hasta un 12,1% más que las mujeres.

El informe encontró una explicación a esta brecha. Asegura que hay más hombres mayores de 55 años trabajando en la Administración y, en cambio, las mujeres se concentran en niveles administrativos inferiores, lo que tiene como consecuencia «diferencias de salario base» y menos complementos asociados, de destino y productividad. Al año siguiente, en 2018, tras obtener estos resultados, la Junta dejó de comparar los salarios.