María José Rofa, tras declarar en el juzgado en julio de 2014
María José Rofa, tras declarar en el juzgado en julio de 2014 - Juan José Ubeda
Caso ERE de Andalucía

La Junta de Andalucía «persigue» a la testigo que comprometió a Chaves y Griñán en el caso ERE

El Gabinete Jurídico, que exculpó a los expresidentes, demanda a la exasesora María José Rofa ante el Tribunal de Cuentas y le reclama 701.716 euros

SevillaActualizado:

La Junta de Andalucía, que ejerce la acusación particular en el caso ERE, se puso los guantes de seda y exculpó a los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán. Sin embargo, los letrados autonómicos emplean puños de hierro contra la exasesora técnica de la Dirección General de Trabajo de la Junta María José Rofa y la han demandado en dos investigaciones abiertas por el Tribunal de Cuentas sobre las ayudas irregulares concedidas a las empresas Saldauto y Calderinox, a pesar de que no está investigada en la vía penal por ninguna de estas subvenciones. En una decisión sin precedentes, el Gabinete Jurídico de la Administración acusa por primera vez a una extrabajadora de la Junta como responsable contable directa de un menoscabo de fondos públicos que cuantifica en 707.716 euros, según confirmaron a ABC fuentes de la defensa.

María José Rofa no es una testigo cualquiera en la instrucción del caso ERE. Ha declarado en las más de 40 ocasiones en el juzgado y, previamente, ante la Guardia Civil. Su colaboración fue crucial para que los investigadores armaran el rompecabezas del fraude. La que fuera asesora técnica entre 2008 y 2011 rebatió la supuesta ignorancia esgrimida por los expresidentes andaluces en el juicio que los sentó en el banquillo, junto a otros 19 ex altos cargos de sus gobiernos, y que está pendiente de la sentencia.

Chaves y Griñán estaban «informados»

La extrajadora testificó ante el tribunal que tanto Chaves como Griñán recibían «información puntual» sobre todo lo que se cocía en el departamento de la Consejería de Empleo que repartía los fondos. Había «un flujo de información continua» y las órdenes descendían desde el Palacio de San Telmo hasta el despacho del director general, «de arriba a abajo», afirmó.

Coincidiendo con el desembarco del nuevo Gobierno del PP y Ciudadanos, los abogados autonómicos presentaron los días 28 de enero y 27 de febrero sendas demandas contra esta testigo en los procesos abiertos por el Tribunal de Cuentas relativos a las ayudas concedidas a Calderinox (208.000 euros) y Saldauto (860.000). Las actas de liquidación provisional del tribunal no habían señalado a Rofa como responsable directa ni subsidiaria.

Los letrados de la Junta acusan a Rofa de cooperar en el menoscabo de fondos públicos, a pesar de que fue exculpada en la vía penal

El Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía, disconforme con estas resoluciones, solicitó incluir a la exasesora como supuesta culpable, a pesar de haber sido exonerada en varias piezas del caso ERE en la instrucción penal paralela. Le reclaman el reintegro de 498.819,93 euros por Saldauto y 208.901,81 euros por Calderinox, la misma cuantía que debería devolver su antiguo jefe y director de Trabajo, Juan Márquez Contreras.

Se da la paradoja de que la ex asesora participó como testigo en las diligencias previas de Saldauto y la Audiencia de Sevilla archivó la causa contra ella en la pieza del EREde Calderinox al considerar que no tuvo ningún poder de decisión sobre las ayudas y desempeñó un trabajo como cualquier otro técnico de la Consejería.

Los letrados de la Administración sostienen, en cambio, que Rofa, «en su condición de asesora, trazó el plan para el pago» de las pólizas de prejubilacion de extrabajadores de Saldauto y Calderinox, «sabiendo que había incluido a tres personas» ajenas a dichas empresas. Según su tesis, la trabajadora tuvo «una cooperación activa en la producción de un menoscabo de fondos públicos sin que conste su negativa a ser partícipe de la defraudación o procediera a denunciar los hechos».

Sin «trama» política

Lo dice el mismo Gabinete Jurídico, dirigido por Jesús Jiménez López, que solicitó que se archivara la pieza de los ERE que involucró a Chaves y Griñán por crear o mantener un sistema «totalmente opaco» de ayudas públicas con 741 millones para empresas en crisis durante una década (2001-2010). En el escrito donde rebatían el procesamiento de los expresidentes, los letrados autonómicos defendieron que no hubo ninguna «trama criminal» y tampoco «existe prueba alguna de que la mayor parte de los encausados tuviesen conocimiento de la ilicitud penal, ni siquiera administrativa, en la concesión de ayudas y subvenciones».

La Administración no señala como responsable directo a otro asesor, Ramón Díaz Alcaraz, a pesar de que la Audiencia Provincial de Sevilla confirmó la imputación del ex diputado andaluz del PSOE y lo responsabiliza de negociar expedientes de subvenciones «plagadas de irregularidades» y de tener una «posible activa intervención en la inclusión de intrusos» en su tramitación.

A través de distintos recursos en la vía penal, el abogado de Rofa, Ignacio Rivas Clemente, reprochó a la Junta que «es ingente la cantidad de recusos económicos utilizados para hacer la vida imposible» a su cliente, la única trabajadora de Empleo a la que la Junta culpa del quebranto de los ERE.