Maniobra de Griñán para evitar otro «paseíllo» mediático por el caso ERE

El que fuera consejero de Hacienda (2004/2009) y presidente de la Junta de Andalucía (2009/2013) cuando estalló el escándalo de las prejubilaciones trucadas ha pedido por escrito al juez instructor que indaga en la dimensión política del caso, Álvaro Martín , que le ahorre este ritual ingrato porque le va a ocasionar «un nuevo perjuicio injusto e innecesario como es el del famoso paseíllo en una causa penal deliberadamente mediatizada y contaminada para obtener una repercusión pública que ha producido ya un daño enorme».

En un escrito dirigido al juzgado de instrucción 6 de Sevilla, al que ha tenido acceso ABC, el letrado del también expresidente federal del PSOE alega que el derecho de su defendido a «ser oído por su juez natural ya quedó suficientemente colmado con la declaración que por estos mismos hechos prestó ante e l Tribunal Supremo » el pasado 9 de abril.

El instructor Alberto Jorge Barreiro acusó tanto a él como a Chaves de un supuesto delito de prevaricación administrativa . Griñán sostiene que ya ha cumplido la pena de telediario y alega, «como botón de muestra», que nunca le fue notificado un auto de preimputación de la juez Mercedes Alaya , que «fue divulgado inmediatamente con grandes titulares por todos los medios de comunicación escritos y audiovisuales dando lugar a que se abrieran informativos de televisión y a que se realizaran programas de debate». « Eso no debe volver a suceder », se queja.

El juez Álvaro Martín tendrá la última palabra. Otras partes personadas en el caso no se lo van a poner fácil a Griñán. Empezando por la Fiscalía Anticorrupción , que ha pedido que los aforados sean citados en el juzgado para evitar que puedan alegar indefensión en el pr oceso. Pero recorrer los pasos que le conducen al juzgado en medio de un batallón de fotógrafos no es la única preocupación del expresidente.

Desde el PP, que está personado en la causa como acusación particular, advierten una «maniobra» de Griñán para no someterse al interrogatorio de los abogados del PP (cuyas preguntas no contestó en el Supremo) y de las defensas de otros imputados a los que los expresidentes cargaron con toda la responsabilidad de su inacción política y que no pudieron estar presentes en su primera y, de momento, declaración. Son los casos del exdirector general de Trabajo Francisco Javier Guerrero o del exinterventor Manuel Gómez , que podrían sacar a la luz sus contradicciones. En el Supremo, el expresidente sólo contestó al fiscal, que le formuló 119 preguntas. Si lo citan de nuevo, mantendrá la misma estrategia de silencio ante los letrados.

En el escrito del 3 de marzo, su defensa muestra una «firme oposición» a la solicitud de la Fiscalía Anticorrupción, que el 26 de febrero pidió que fueran llamados a declarar tanto él como Chaves como los exconsejeros José Antonio Viera, Carmen Martínez Aguayo, Antonio Ávila y Gaspar Zarrías, dentro de la pieza sobre el sistema ilegal por el que la Junta concedió las ayudas investigadas.

Cuando todos los aforados dejaron sus escaños, el caso fue devuelto al juzgado que destapó el fraude hace cinco años. Antes de perder este blindaje, el entonces senador por la Comunidad Autónoma declaró voluntariamente pero «en calidad de imputado». Dimitió el pasado mes de junio para salvar la investidura de Susana Díaz con los votos de Ciudadanos.