El robo del agua en Doñana llega al fin a los tribunales

Los primeros juicios por el llamado robo del agua en Doñana llegan casi tres años después de que la organización ecologista WWF diera forma de denuncia a una situación que arrastra desde hace décadas y la pusiera en manos de la Fiscalía central de Medio Ambiente.

Los tribunales son el último paso, una vez cerrada la investigación que durante este tiempo ha llevado a cabo el Servicio de Protección a la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil de Huelva, bajo la dirección de las fiscalías de Medio Ambiente de Madrid y Huelva. En paralelo, en vía administrativa, en diciembre de 2014 se anunciaba que la Comisión Europea daba un nuevo toque de atención a España, con la apertura de un procedimiento de infracción por las extracciones abusivas del acuífero de Doñana.

Con más de 5.350 kilómetros barridos y miles de horas de trabajo de campo, los miembros del Seprona han sacado a la luz 562 pozos y 146 balsas, que se han traducido en 140 actas y diligencias. Este trabajo ha permitido a los especialistas de la Guardia Civil dibujar el mapa real de las captaciones de agua en el entorno del espacio, que se dividió en tres áreas para su rastreo palmo a palmo (Arroyo de la Cañada, Matalagrana y Las Madres-El Fresno).

Los puntos rojos se localizan de forma mayoritaria en Almonte, Moguer y Lucena, seguidos de lejos por Bonares, según el jefe del Seprona en Huelva, el teniente José Antonio Alfaro, que ha destacado la colaboración de los agricultores de la zona en el 95% de los casos y la presencia de los mismos en cada una de las intervenciones que los agentes han tenido que desarrollar estos años bajo el nombre de «Operación Vernum 5.51».

Alfaro subrayó el estricto cumplimiento de la legalidad por parte del Ayuntamiento de Lucena en relación con las balsas no regularizadas de las que levantó acta el Seprona en su término, al abrir expedientes sancionadores de forma inmediata (60 casos), de las que la mayoría se encuentran regularizadas o en proceso.

Precisamente, una de las explotaciones cuyo propietario se encuentra a la espera de sentencia tras desfilar ante los tribunales, acusado de un delito de distracción de agua, se ubica en el término de Moguer –en el Paraje de Las Malvinas– colindante con suelo forestal catalogado como Zona A del Plan de Ordenación del Territorio del Ámbito de Doñana (Potad).

Esta finca, que cuenta con una superficie de 21 hectáreas de plantaciones de fresas, según las investigaciones del Seprona recogidas en el informe que realiza el fiscal del ramo en Huelva, Alfredo Flores, realizó después de 2004 obras «sin permiso ni autorización» para disponer de un pozo a cielo abierto conectado con una balsa de riego (que fue construida en 1998) y una autobomba sumergible, sin contador de caudal.

La Delegación de Medio Ambiente realizó estimaciones de las extracciones de miles de metros cúbicos de agua que se llevaron a cabo en esta explotación, sin que además conste pago de cantidad económica alguna.