Imagen de archivo de una manifestación de profesores interinos pidiendo estabilidad.
Imagen de archivo de una manifestación de profesores interinos pidiendo estabilidad. - EFE/Raúl Caro

Tres oportunidades para que miles de interinos andaluces pasen a ser funcionarios

Una demanda ante la Justicia europea y sendas Iniciativas Legislativas en el Parlamento pueden hacer fijos hasta a 30.000 empleados públicos temporales

SevillaActualizado:

En Andalucía hay decenas de miles de interinos pendientes de tres procesos que pueden acabar con su situación de temporalidad en la Junta, ayuntamientos y diputaciones provinciales y convertirlos en funcionarios. Hasta 30.000, según cifras que se manejan dentro del propio colectivo. Como si de un partido de tenis se tratase, los interinos encaran el verano con tres bolas de partido para ganar una plaza fija en la administración andaluza.

Por un lado, está en marcha una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que ha de debatirse en el Parlamento andaluz este otoño. También hay una ILP presentada ante el Parlamento nacional que ha sido admitida a trámite. Y, además, para septiembre se espera una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TUE) que puede convertir a 800.000 interinos de todas las administraciones andaluzas en funcionarios.

La situación en la administración en Andalucía es, según el abogado madrileño Javier Araúz, grave. De su mano llega la primera bola de partido en esta competición por una plaza fija. Él es quien ha presentado una demanda ante el TUE, cuya sentencia debería conocerse a primeros de septiembre y puede suponer una bomba para ayuntamientos, diputaciones y Junta porque podría hacer fijo de un plumazo a miles de interinos.

Hasta el 80 por ciento

«Un 50 por ciento de los trabajadores de la Diputación de Sevilla son temporales», explica. «Y un 48 por ciento de los del Ayuntamiento de Huelva, un 57 por ciento de los de Rota o un 70 por ciento en el caso del Consistorio de Sevilla», añade. En la Junta la situación es también mala. Hay hasta 30.000 interinos en plantilla, una media del 25 por ciento. «En algunos colegios de Andalucía —señala Araúz — hay un 80 por ciento de interinidad».

Con esta situación, su denuncia busca corregir «una situación de abuso» de la temporalidad. Cree que el resultado será positivo y que la UE reconocerá el «fraude» de este «exceso» de temporalidad y que la sentencia obligará a España y a Andalucía a hacer fijos a sus trabajadores temporales. La tasa tan alta de temporalidad en la administración, indica el abogado, es algo que «no ocurre en ningún país del mundo ya. Pasaba en Rumanía, Italia o Grecia, pero ya lo han corregido». Europa, razona este abogado, «permite la temporalidad, pero para tareas concretas y urgentes».

Para Araúz, a igual tarea, igual contrato. Es decir, que si los interinos hacen lo mismo que los funcionarios, la UE tiene que reconocerles la misma categoría. «Hay antecedentes sobre esto. Muchos precedentes donde ya se ha reconocido que son fijos», asegura. Añade que «la administración está incumpliendo la legislación y que eso hay que sancionarlo». ¿Cómo? Reconociendo que esos trabajadores son «indefinidos no fijos». Y desde esta categoría, explican los sindicatos de la administración, se accede por concurso interno restringido a la categoría de funcionario.

Parlamento andaluz

Y si Europa dice no a esta petición, los interinos aún tienen dos opciones. Se trata de las ILP. La primera, la que un grupo de interinos presentó el pasado mes de junio y fue admitida a primeros de este mes por el Parlamento andaluz. David Núñez, representante del colectivo que impulsó la ILP, explica que quieren que el Parlamento reconozca que hay 30.000 trabajadores en la administración andaluza «en fraude de ley» al llevar más de tres años ocupando un puesto estructural. «El objetivo —señala— es que todo empleado en fraude de ley sea reconocido como fijo».

La Junta de Andalucía, para cumplir con la normativa europea que fija la tasa máxima de temporalidad en el 8 por ciento, puso en marcha hace dos años un proceso de oposiciones de «estabilización», donde sacó las plazas ocupadas por interinos. Se trata de un concurso-oposición. Es decir, los aspirantes a un puesto fijo tienen que pasar primero un examen eliminatorio. Después, solo quienes hayan aprobado pueden sumar a su nota los puntos por méritos o tiempo de servicio que han acumulado en la administración como interinos.

Esta idea no les vale a los interinos que han presentado la ILP porque entienden que quien trabaja en la administración de forma temporal podría perder la plaza que ocupa al depender de un examen. Creen que, como se trata de un concurso-oposición, es una forma de «regularizar un fraude».

«Fraude de ley»

Para los impulsores de la ILP, quien está «en fraude de ley» es el trabajador, no la plaza, por lo que tiene que ser el empleado temporal el que aporte méritos para quedarse «su» plaza, la que ya ocupa. La idea es que se le dé al interino la opción de regularizar la situación en la que le puso la administración al mantenerlo años como temporal.

Núñez se muestra convencido de que los políticos les darán la razón: «No van a abandonar a 30.000 trabajadores». Sin embargo reconoce que quienes más favorables se mostraron con su propuesta estaban en la oposición cuando les recibían. Hoy esos grupos —PP y Ciudadanos— están en el Gobierno, un detalle que puede complicar su causa. Núñez defiende su postura:«Favorecer a estas personas no tiene nada de ilegal».

Esta fórmula del concurso de méritos es legal y la recoge la normativa. Lo reconocen desde el sindicato más combativo contra estas ILP, el Sindicato Andaluz de Funcionarios (SAF). Su presidente, Carlos Sánchez, detalla que para llegar a ese proceso de solo concurso de méritos hay que motivarlo y ser una situación «excepcional». Sánchez se muestra absolutamente contrario: «Cuando los interinos entraron en la administración sabían que era para ser interinos. Han tenido muchas oportunidades de sacar unas oposiciones». Para el SAF, el problema es que los interinos «no quieren estudiar. Coger un libro les da grima».

«Vemos muy injusto que quieran que les pongan una alfombra roja para entrar en la función pública y que a los opositores les pongan clavos y cristales en el camino», añade Sánchez, quien, sin embargo, indica que comprende la injusticia que denuncian los interinos. «Llevan muchos años temporales. Eso no puede ser, hay que regularlo», pide. En cómo se regule está la clave del asunto.

La postura del presidente del SAF supone para el portavoz de los interinos de la ILP «el lado oscuro de todo este proceso». Núñez se queja de que los miembros del SAF «se sientan contigo, toman café contigo y, de pronto, dejan de hablarte». Insiste en que «si estás más de tres años en tu plaza, estás automáticamente en fraude de ley» y, por lo tanto, puedes acogerte a esta ILP «si has aprobado un proceso selectivo».

¿Y si fracasa también esta ILP andaluza? No está todo perdido. Los interinos andaluces —y los del resto de España también— tienen abierta una tercera opción. La segunda ILP, presentada ante el Congreso de los Diputados por parte de la Asociación Nacional de Interinos (ANIL)y del Sindicato Nacional de Trabajadores en Fraude (Sintef), representadas por el abogado Manuel Martos.

Objetivo 2020

Esta ILP —admitida por el Congreso, según Martos—, busca lo mismo que las otras dos vías: que se reconozca que los interinos en la administración son, en realidad, fijos. Según Martos, el Gobierno ha firmado con los sindicatos ofertas de empleo público (OPEs) que «pretenden en 2020 terminar con las interinidades fraudulentas y por ende con los trabajadores interinos a los que no se les facilita lo más mínimo el acceso a la función pública, aún estando muchas veces casi treinta años, ni se les indemniza».

Esta tercera vía, que es complementaria y no opuesta a la otra ILP andaluza y la posible sentencia favorable de Europa, aún no tiene fecha. Pero puede ser el golpe definitivo para que miles de interinos andaluces pasen a ser fijos.

Lo que sí tiene fechas son las demandas que, según Martos, ya se están ganando para indemnizar a interinos despedidos al perder su puesto en una OPE. «Oscilan entre 12 y 20 días de salario», así que el total que el Estado tendría que indemnizar «supera los 1.600 millones».

Ya sea por alguna de las dos Iniciativas Legislativas Populares que hay sobre la mesa en los Parlamentos andaluz y nacional, por acuerdo político o por sentencia de la Unión Europea, los interinos tendrán hasta final de año unos meses de infarto pendientes de la resolución de hasta tres oportunidades de ser fijos.