El TSJA tumba las 98 licencias privadas de TV digital concedidas por la Junta de Andalucía este año

El concurso para la adjudicación de esas licencias se convocó en 2018 y el acuerdo del Consejo de Gobierno asignando las TDT se produjo en junio de 2018 ( https://www.juntadeandalucia.es/boja/2018/122/12.html) . Con ese concurso se pretendía resolver ya un varapalo judicial anterior del Tribunal Supremo, que anuló 79 licencias concedidas en 2008 por la Junta de Andalucía.

Las provincias con mayor número de licencias otorgadas fueron Sevilla y Málaga, con 16 cada una, seguidas de Cádiz y Córdoba (15 cada una), Almería (14) y Granada (9). Las provincias que menos licencias de TDT recibieron fueron Jaén (6) y Huelva (7). En Sevilla capital se adjudicaron seis licencias a l a Fundación Real Betis Balompié, Procono, Publicaciones del Sur , Sevilla Fútbol Club, la UTE Agrupación Radiofónica-TVS Digitales de Andalucía y Visovisión.

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha dictado el 4 de octubre pasado una sentencia que tira por tierra la nueva concesión por considerar que algunos de sus criterios no se ajustan a la legalidad. El Gabinete Jurídico de la Consejería de Presidencia de la Junta de Andalucía está estudiando si recurre ante el Tribunal Supremo la sentencia del TSJA que tumba la concesión de las licencias privadas de televisión digital terrestre (TDT). Si no recurre, tendría que cambiar los criterios de rebaremación y rebaremar todas los proyectos audiovisuales.

Se presentaron 7 recursos contra el acuerdo de Gobierno, uno de ellos de la empresa madrileña Alternativa de Medios Audiovisuales. Finalmente, el TSJA ha admitido parcialmente el recurso de Alternativa de Medios, que no se había presentado al concurso, aunque ello no le deslegitima -según el alto tribunal- a recurrir el acuerdo de Gobierno porque pudo entender que las condiciones y exigencias del concurso eran contrarias a derecho. En este sentido, el TSJA entiende que «tanto la valoración de la experiencia como el otorgamiento de una ventaja en atención a la vinculación local o territorial» de los licitadores «suponen una manifiesta contravención de los principios de libre concurrencia y no discriminación».

Según el concurso, se otorga una puntuación de hasta 100 puntos para los licitadores que acrediten experiencia dentro del ámbito territorial definido por la demarcación a la que se licita; hasta 35 puntos para las que justifiquen dicha experiencia fuera de la demarcación pero dentro de Andalucía; mientras que la experiencia fuera de Andalucía se le otorga un máximo de 15 puntos.

«Las bases -dice la sentencia- permiten el otorgamiento de hasta 135 puntos para aquellas licitadoras que hubieran sido licenciatarios en Andalucía, lo que implica una puntuación de notable entidad sobre la puntuación total de 1.000 puntos y un tratamiento discriminatorio para el resto de licitadoras que no encuentra acomodo en la consecución de ningún fin de interés general ni resulta proporcionado. Muy al contrario, se trata de un criterio que dificulta injustificadamente que otros licitadores que cuenten con acreditada experiencia en el sector audiovisual fuera de Andalucía puedan optar a la licencia».

Todo ello, sin que se prevea ningún medio idóneo, añade la sentencia, para verificar la legalidad de la experiencia, por lo que todo ello « posibilitaría la perpetuación de las licenciatarias anteriores mediante el otorgamiento de una notable ventaja en la puntuación , incluso bajo un título anulado por sentencia, en evidente detrimento de los intereses de otros potenciales licitadores».

En cuanto a la valoración de los medios técnicos e inversiones, el concurso otorga 100 puntos a aquellas licitadoras que puedan acreditar la disposición de un estudio equipado y operativo en el ámbito territorial de la demarcación donde vaya a operar la televisión, mientras que da sólo 25 puntos si se compromete a tener el estudio equipado y operativo en el plazo de 18 meses, «lo que -según Alternativa de Medios- ha supuesto que los que estaban en posición de un plato hayan obtenido mejores puntuaciones», a modo de bonificación. El TSJA recuerda que las Directivas europeas prohíben cualquier tipo de restricción a la libertad de establecimiento, ya que exigen en el mercado europeo de servicios de comunicación audiovisual libre competencia e igualdad de trato y el derecho fundamental a la libertad de establecimiento.