El colectivo de Graduados/as Sociales, en sus relaciones con las Administraciones Públicas, quieren «mostrar su malestar generalizado ante situaciones de abusos por parte de las Administraciones Públicas, ante las cuales se encuentran en un estado continuo de vulnerabilidad e inseguridad, que les causan molestias, ralentizaciones y horas extras de trabajo que se tienen que realizar en los despachos debido a los continuos cambios de sistemas y normativas, como por ejemplo, en la Tesorería General de la Seguridad Social, entre otros organismos», tal y como explica Carmen Mª Castro Coto, Presidenta del Colegio Oficial de Graduados Sociales de Córdoba, en un comunicado reciente.
Sobre el asunto de las nuevas obligaciones de aportación de datos de los Trabajadores Autónomos a realizar antes del 31 de octubre de 2023, por ejemplo, explican desde el colegio que «esta nueva norma, nos obliga a comunicar datos que ya obran en poder de la Administración, por el simple hecho de no cruzar datos, o no tener personal suficiente para realizar la mecanización de dichos datos, para lo cual, y desde un punto de vista de superioridad de poder, se aprueba un Real Decreto, que nos obliga a realizar dicho trabajo, cuando se realiza una queja ante la TGSS lo único que nos dicen es que eso es un Real Decreto, que tenemos obligación, que si se incumple nos sancionan, y que le cobremos a nuestros clientes por nuestra labor».
Según su comunicado, el colegio muestra su incredulidad por diversas cuestiones como que «la labor de un funcionario la debamos realizar desde el Colegio de Graduado Social, y que el coste, si así lo decide el profesional, corra a cargo del ciudadano, autónomo, o empresa, o bien al suyo propio, porque no nos olvidemos que es una contraprestación de servicios, de su tiempo y trabajo». Además, sostienen, este «es un trabajo mal valorado, porque siendo sinceros, los productos suben el precio, los alquileres, la electricidad… Nos podemos quejar, pero de nada sirve, que si el IPC, la oferta y la demanda, la escasez de cosecha,…. Pero parece que el trabajo que prestan los Graduados Sociales, que no se ve, no es valorado, muchas veces ni por su propio cliente, pero ni de lejos por parte de la Administración que no hace nada más que engrandecer nuestra carga», apuntan.
UN SENTIR «GENERALIZADO»
El sentir generalizado del colectivo es, según el comunicado, «de enfado y malestar». «Nos han tomado por tontos, y a esto se suma que algunas Administraciones realizan notificaciones a deshoras, e incluso en festivos y fines de semana, los nuevos sistemas de cotizaciones de autónomos, el nuevo sistema de gestión de las incapacidades temporales, las grabaciones de los NET para la TGSS… Cada vez más y más carga de trabajo para los graduados sociales, que deben cumplir con los exigentes plazos de tiempo interpuestos por las Administraciones Públicas, llegando incluso a perturbar la conciliación de la vida familiar y laboral».
Si bien es cierto, admiten, una de sus funciones es la gestión ante la Administración Pública, pero «no podemos tolerar más estas situaciones, estamos a punto de estallar, nos encontramos desamparados, desde los Ministerios no nos escuchan, las Administraciones se echan la pelota unas a otras, las Direcciones Provinciales que si la Dirección General…. Pero no es cierto, que, aunque no se pueda hacer mucho desde una Dirección Provincial, no podrían echarnos una mano, y por favor, que no sea al cuello», confiesan.
Durante la pandemia lo hemos dado todo, conocíamos las circunstancias y hemos sido actividad esencial, trabajando 24 horas todos los días de la semana, a sabiendas de que las puertas de la Administración estaban cerradas, la mayoría de los funcionarios sin medios para teletrabajar, y no podíamos dejar abandonados a todas las personas que dependían de un ERTE o un desempleo, con normativas que se publicaban un domingo a las 11 de la noche,…. Un sin vivir, que no ha sido nunca reconocido por la Administración Pública, ni por nadie, no han valorado nuestra aportación, al revés, aun encontrándose ya normalizado, la Administración Pública sigue igual, cargando de trabajo a los profesionales, con muchos funcionarios teletrabajando sin medios, con las puertas cerradas, sin atender a los ciudadanos, y ni mucho menos a nosotros los profesionales, alegan que como profesionales tenemos medios telemáticos para comunicarnos con la Administración, pero que dichos medios, en muchas ocasiones, lo único que se consigue es enquistar expedientes, que con una cita presencial se quedaría solucionado.
PLAZOS Y PROFESIONALIDAD
En este remitido, el colegio explican que los graduados sociales «no tienen derecho a huelga sin que la Administraciones los sancionen, a nosotros, o nuestros clientes, por declararnos en huelga o por una baja médica, por un accidente, por conciliación de la vida laboral y familiar, derechos que tienen todos los trabajadores, porque debemos cumplir con los plazos estipulados por la Administración, o el legislador, sin poder alegar retraso justificado contemplado en la ley para los trabajadores».
Asimismo, añaden, «hemos demostrado con creces nuestra valía como profesionales durante la pandemia, siendo una actividad esencial, sin la cual el país y el tejido empresarial y social se hubiera visto desbordado, ganándonos el respeto de las Administraciones Públicas y Ministerios, por lo que no se entiende el trato recibido, la carga de trabajo desmesurado interpuesto por nuevas normativas, sistemas de gestión, etc».