La igualdad de oportunidades entre géneros como realidad enriquecedora para las sociedades, y eliminando obstáculos que dificulten facilitar la participación igualitaria, figura dentro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, de los que se deriva la Agenda 2030.
Siguiendo esta premisa, Cooperativas Agro-alimentarias de Andalucía ejecuta un proyecto por el que se han elaborado ocho códigos de buenas prácticas en igualdad en cooperativas de siete provincias andaluzas. El objetivo es que estas empresas de economía social consigan mejoras que les permita detectar, implantar y hacer un seguimiento de medidas y mecanismos de igualdad encaminados a llevar a cabo una buena praxis en lo que a equilibrio de género se refiere.
Así, bajo el título ‘Elaboración de Códigos de Buenas Prácticas en Igualdad’, que se enmarca en la Línea 3 para el Fomento del Emprendimiento social y que financia la Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo de la Junta de Andalucía, se desarrolla este programa que, tras haber advertido la necesidad de promover una mayor presencia de las mujeres en el modelo cooperativo, persigue introducir objetivos concretos que promuevan una política de atracción de personal, selección y promoción igualitaria.
Cifras reales
El porcentaje de mujeres que trabajan en las cooperativas, según los últimos datos del OSCAE 2023, referentes al año 2022, es un 49,32%, es decir, cerca de la mitad del personal. Sin embargo, las diferencias se hacen notables si se atiende a los porcentajes de participación de mujeres y hombres sobre el total de los puestos de responsabilidad en el organigrama: el porcentaje de mujeres con cargos en la dirección de las cooperativas es del 11,32%.
Las mujeres socias de cooperativas agroalimentarias federadas alcanza un 31,68%, sin embargo, la participación en sus consejos rectores sólo es de un 7,66% y que ocupen la presidencia únicamente un 2,6%.
Con estas cifras, se hace necesaria la puesta en marcha de códigos de buenas prácticas, que son guías personalizadas que definen las actuaciones a desarrollar por una entidad en el área de igualdad de oportunidades tras realizar un diagnóstico. Como indica Amparo Martín Fernández, responsable del área de Igualdad de Cooperativas Agro-alimentarias de Andalucía, «desde la federación se pretende crear agentes impulsores de cambio, estos son, cooperativas que generen una conciencia social entre el resto de iguales y que ayude a visibilizar la necesidad existente para aplicar políticas de igualdad en diferentes áreas como las de selección del personal, promoción y formación. De esta forma, se promueve la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, un aspecto de suma importancia ya que aportaría una mayor sostenibilidad y más crecimiento de las cooperativas, no sólo en la plantilla sino en los consejos rectores».
Ya son siete las cooperativas que han elaborado los códigos de buenas prácticas en materia de igualdad y que se encuentran adoptando medidas concretas para que el talento aflore sin sesgo de género, se facilite el acceso de las mujeres a puestos de trabajo de mayor responsabilidad en equidad de oportunidades y la incorporación de mujeres a consejos rectores. En concreto son: SAT Hnos. Romera (El Ejido- Almería); San Dionisio (Jerez de la Frontera- Cádiz); Unión de Montilla (Montilla- Córdoba); SCA Virgen del Campo (Cañete de las Torres – Córdoba); Oleícolas SCA Fuentes de Cesna (Granada); Virgen del Valle (Manzanilla- Huelva); Cooperativa Virgen del Perpetuo Socorro (Alcaudete- Jaén); y SCA Olivarera San José Artesano (Periana- Málaga).
Antes de concluir la redacción de los citados códigos ha habido un proceso de diagnóstico cuantitativo y cualitativo que ha permitido la elaboración de los reglamentos y en los que han quedado reflejado aquellos aspectos o ámbitos en los que existe un margen de mejora en materia de igualdad de las empresas participantes. También, ha habido una formación para los técnicos y técnicas responsables de la elaboración de las guías.
Estos códigos de buenas prácticas profundizan en cuestiones como las condiciones de trabajo, la selección y contratación de nuevos empleados/empleadas, la formación, la conciliación profesional-personal y familiar, la clasificación y promoción profesional, las retribuciones o la prevención del acoso laboral, sexual o por cuestiones de género.
