En un escenario marcado por la urgencia climática, la descarbonización y el avance hacia modelos productivos más sostenibles, el biometano emerge como una de las alternativas energéticas con mayor potencial para transformar el medio rural. Este gas renovable, obtenido a partir de residuos orgánicos agroganaderos, se perfila no solo como una opción limpia y viable, sino también como una herramienta para impulsar la economía circular, fortalecer la autonomía energética y generar nuevas oportunidades en zonas rurales que luchan contra la despoblación.
El biometano se produce tras un proceso de digestión anaerobia, en el que restos orgánicos —como estiércol, purines o desechos agrícolas— se descomponen en ausencia de oxígeno. El resultado es un gas de características muy similares al gas natural convencional, pero con una huella de carbono significativamente inferior. Sobre el papel, España cuenta con un enorme potencial para desarrollarlo, especialmente comunidades como Andalucía, de gran tradición agrícola y ganadera. Sin embargo, el país avanza todavía a un ritmo mucho más lento que otras naciones europeas donde esta energía renovable lleva décadas implantada.
Estas reflexiones fueron protagonistas de la mesa de redacción «Biometano, una baza segura para la transición energética en Andalucía», celebrada en la Casa de ABC en Sevilla y patrocinada por Verdalia. Cuatro expertos de referencia en el sector analizaron las ventajas del biometano, su aceptación social, los retos normativos y el potencial de crecimiento tanto en España como, de manera particular, en Andalucía, donde se proyecta una expansión notable en los próximos años.
Motor para revitalizar el territorio
David Fernández, vicepresidente de la Asociación Española de Biogás, fue tajante al definir el papel del biometano: «Una planta de biometano es una solución a un reto ambiental, energético y social». Desde su perspectiva, con más de treinta años de trayectoria en el sector, estas instalaciones permiten gestionar de manera óptima los residuos generados en explotaciones agrícolas y ganaderas, a la vez que producen un gas renovable capaz de sustituir parcialmente al gas natural. A ello se suma un beneficio estratégico: el refuerzo de la autonomía energética de los territorios rurales.
«Se precisa de un marco regulatorio estable que genere garantías en los inversores y anime el desarrollo del sector»
Pero Fernández subraya un aspecto que considera clave: el impacto social y económico. «Las plantas de biometano revitalizan la España vaciada. Generan empleo cualificado, apuestan por el talento local y contribuyen a dinamizar zonas que llevan décadas sufriendo despoblación», explica. En su opinión, el biometano no debe entenderse únicamente como una alternativa energética, sino como una pieza fundamental en la transformación del entorno rural.
En esta misma línea se expresa David García de Herreros, director de desarrollo de proyectos de Verdalia, empresa con presencia en Italia y España y que aspira a crear una plataforma de plantas de biometano a escala europea. Según señala, Italia es un ejemplo revelador del camino que puede seguir España: allí no ha existido rechazo social hacia estas instalaciones y la apuesta por esta energía comenzó mucho antes. «En Italia el desarrollo es mucho mayor. España, aun teniendo un potencial enorme, va tarde y debe acelerar la implantación de esta tecnología», subraya.
El potencial de Andalucía
Pocas regiones europeas reúnen tantas condiciones favorables para la producción de biometano como Andalucía. Su fuerte tradición agrícola y ganadera, la disponibilidad de residuos orgánicos y la estructura de su tejido productivo hacen que el potencial sea excepcionalmente alto. Así lo afirma Pedro Marín Aranda, presidente del Clúster Andaluz de Biometano y también presidente de Inerco: «El biometano es una oportunidad inmensa para Andalucía. Coincidimos en que debemos reducir el uso de combustibles fósiles y avanzar hacia energías renovables, y en ese camino el biometano es un actor fundamental».
Para Marín Aranda, esta energía permite resolver simultáneamente dos problemas: el de los residuos y el de la dependencia energética. «Transformamos en energía lo que hoy es un residuo difícil de gestionar», señala. Además, destaca que el desarrollo de estas plantas en Andalucía podría ser un catalizador económico muy relevante: el objetivo es alcanzar las 100 plantas en 2030, lo que implicaría una inversión estimada de 2.500 millones de euros y la creación de al menos 1.500 empleos directos e indirectos.
Fernando Vidal, catedrático de Ingeniería Química y Ambiental de la Universidad de Sevilla y director de la Cátedra de Economía Circular, destaca otra virtud esencial del biometano: su encaje natural en la economía circular. «Las plantas de biometano producen digestatos que, una vez tratados, se convierten en fertilizantes orgánicos de alta calidad, sustituyendo a los fertilizantes sintéticos, contribuyendo así a una economía más circular», explica. De esta forma, el sistema se hace más eficiente y cerrado: los residuos vuelven al campo en forma de materia orgánica útil, reduciendo costes y mejorando la calidad del suelo.
Para Vidal, el efecto en los entornos rurales es doble: por un lado, disminuyen las emisiones y se mejora la gestión de residuos; por otro, el territorio gana independencia energética. «Es un modelo más sostenible y más circular, especialmente beneficioso para zonas agrícolas y ganaderas», asegura.
Desmontando mitos
Uno de los mayores retos para el desarrollo de plantas de biometano en España es la aceptación social. Aunque numerosos estudios y experiencias internacionales avalan la seguridad y el valor de estas instalaciones, en el país persisten mitos y resistencias que dificultan su implantación.
García de Herreros identifica el origen del problema: «Existe mucho desconocimiento. La falta de información rigurosa afecta a la capacidad crítica de la sociedad». Esta desinformación genera reticencias infundadas, como la creencia de que las plantas provocan malos olores, incrementan el tráfico pesado o pueden resultar peligrosas.
Los expertos coinciden en que la realidad es justamente la contraria. «Las plantas modernas cuentan con tecnologías que encapsulan y neutralizan los olores. Paradójicamente, donde no hay plantas sí se generan problemas, como los olores procedentes de granjas o balsas de purines», precisa Marín Aranda. Tampoco el tráfico supone un problema significativo, ya que la actividad logística se planifica para minimizar su impacto.
A juicio de Fernando Vidal, los mitos se alimentan porque en España existen muy pocas instalaciones en funcionamiento. «Cuando haya más plantas y la sociedad observe de primera mano sus beneficios, la aceptación social aumentará de forma natural», sostiene.
David Fernández aporta un dato que desmonta muchas de las dudas: en Europa existen más de 2.000 plantas de biometano operativas desde hace dos décadas, con resultados positivos y sin incidentes relevantes. «Su funcionamiento es la mejor garantía de su seguridad. En España, la falta de implantación dificulta que el ciudadano pueda evaluar por sí mismo», afirma.
España, el gran retraso frente a Europa
La comparación con otros países europeos resulta inevitable. Mientras Dinamarca, Francia o Italia han apostado de forma decidida por el biometano, España avanza lentamente. Actualmente, el país cuenta con apenas 14 o 15 plantas operativas y se espera terminar el año con unas 25. La cifra sigue siendo muy inferior a la que correspondería por potencial productivo y tamaño territorial.
El retraso se explica por dos factores principales: insuficiente apoyo económico e inseguridad regulatoria. España lanzó en 2024 su primer programa de ayudas para el desarrollo de biometano, dotado con 150 millones de euros. «La diferencia es abismal: Italia lleva años invirtiendo 4.500 millones; Dinamarca, 6.000; Francia, 8.000», compara Fernández. Esta asimetría hace que la competencia europea avance a un ritmo mucho mayor.
A ello se suma la necesidad de un marco regulatorio estatal estable. Aunque Andalucía trabaja en una guía de tramitación específica —una de las pocas comunidades que ha dado este paso—, la ausencia de una normativa nacional genera incertidumbre en los inversores. «Sin un marco general que armonice los procesos, el sector queda expuesto a bloqueos y retrasos administrativos», explica Marín Aranda.
Consenso político
El mensaje final de los expertos es claro: para que el biometano se consolide como una pieza clave de la transición energética, es imprescindible un consenso político real y coherente. «No se puede promover la descarbonización mientras se cuestiona la implantación de plantas de biometano. Es contradictorio», resume Marín Aranda. Los especialistas coinciden en que las fuerzas políticas deben posicionarse de manera clara, unificar criterios y reforzar un modelo energético que puede traer beneficios ambientales, económicos y sociales significativos para Andalucía y para el conjunto del país.