Andalucía hace una apuesta estratégica por la vivienda protegida y por aumentar la oferta residencial. La ‘Ley de Vivienda de Andalucía’, que entró en vigor el pasado 24 de enero, nace con el objetivo de hacer frente a la escasez de la oferta.
El Gobierno andaluz da así un nuevo impulso a unas políticas de vivienda que ya de por si habían supuesto un aumento exponencial en los últimos siete años: en los últimos años se han puesto en marcha cuatro veces más viviendas protegidas que en los seis años anteriores y se cuenta con un presupuesto de la Junta tres veces superior al que había en 2018.
Las medidas puestas en marcha desde 2019 han posibilitado este cambio de tendencia. Primero con un ‘Plan Vive En Andalucía’, que ha dado lugar a herramientas novedosas, como un programa de ayudas a promotores que ha facilitado la construcción de 7.000 viviendas protegidas en alquiler con una inversión pública de 318 millones de euros.
Pero, además, se ha contado con una ‘Ley del Suelo’, la ‘LISTA’, que ha agilizado trámites para el desarrollo de proyectos residenciales, o medidas en material fiscal, con 460 millones de euros de ahorro de cara al acceso a la vivienda. Entre ellos, destaca el programa ‘Garantía Vivienda Andalucía’, el aval hipotecario de la Junta del que ya se han beneficiado más de 2.400 andaluces de hasta 40 años en la compra de su primera vivienda.
Ese impulso a la vivienda protegida se ha incrementado en el último año con la aprobación del decreto-ley de medidas urgentes, que ofrece herramientas prácticas a los ayuntamientos para que cuenten con más suelo disponible con el objetivo de construir 20.000 viviendas protegidas en cinco años.
Además, se ha creado una bolsa de suelo que ha aflorado parcelas con capacidad para 41.000 viviendas protegidas en los 13 municipios andaluces con más de 100.000 habitantes. Esta medida ha propiciado un incremento del 44% en las viviendas protegidas iniciadas durante el pasado 2025.
Con todos estos precedentes ha surgido una ‘Ley de Vivienda de Andalucía’ que parte de cuatro premisas, según ha manifestado la consejera de Fomento, Rocío Díaz: un incremento de la oferta de VPO y de la rehabilitación de un parque residencial que está envejecido, la puesta a disposición de mayor suelo para este objetivo, una reducción de la burocracia a promotores, propietarios e inquilinos, un refuerzo de la seguridad jurídica para hacer frente a fenómenos al alza como la ocupación.
La ‘Ley de Vivienda de Andalucía’ incorporará novedades como la figura de las áreas prioritarias para zonas con mayores dificultades para el acceso a la vivienda y en las que se concentrarán todos los recursos de la administración en forma de ayudas al alquiler, ayudas a la compra o incentivos a la construcción de nueva vivienda o a rehabilitación.
Asimismo, apuesta por la colaboración público-privada en sus diferentes modalidades (concesiones, subvenciones), para sumar esfuerzos en el objetivo de ampliar el parque residencial a precio asequible. También buscará el equilibrio de la oferta de vivienda en venta y alquiler y los distintos usos de la vivienda, defendiendo el uso residencial habitual y permanente. Asimismo, la ley optimizará la gestión del parque residencial, mediante la creación de un inventario único de viviendas públicas de la Junta.
La Ley pone el acento en la rehabilitación de viviendas, con iniciativas que van a permitir la reconstrucción de barriadas y medidas para la eliminación de la infravivienda bajo criterios y principios de sostenibilidad social, medioambiental y económica. Igualmente, mejora la calidad y la eficiencia energética e hídrica de los inmuebles, con la constitución de una Comisión Técnica para la Calidad de la Vivienda en Andalucía, que incentive, por ejemplo, la industrialización en la construcción de viviendas. También figura un apartado que garantice el buen uso del parque residencial, evitando la ocupación ilegal y la sobreocupación, así como la protección de los más vulnerables.