La adaptación de Sevilla al nuevo escenario climático no es solo un desafío técnico. Es, sobre todo, un reto social. Las lluvias intensas y concentradas que se repiten cada vez con más frecuencia no afectan por igual a todos los barrios ni a todos los municipios del área metropolitana. Por eso, desde Emasesa, defienden que invertir en prevención no es únicamente una cuestión de eficiencia hidráulica, sino un compromiso con la justicia hídrica.
«La justicia hídrica consiste en garantizar que el servicio de agua y saneamiento no se interrumpa y que todas las personas estén protegidas, independientemente del barrio o del municipio en el que vivan», así lo expresa Manuel Romero, consejero delegado de la empresa pública. Y es que la idea es sencilla: el acceso al agua y a un saneamiento seguro no puede depender del código postal. Si a eso le sumamos un clima cada vez más extremo, la protección frente a inundaciones forma parte de ese derecho básico.
La justicia hídrica se aplica al saneamiento a través de tres principios fundamentales. El primero es la igualdad de protección: todos los barrios deben contar con infraestructuras capaces de responder a episodios de lluvia intensa, desde los centros urbanos consolidados hasta los municipios del entorno metropolitano. El segundo es la anticipación, que implica actuar antes de que se produzca el daño, reforzando los puntos críticos identificados por la modelización hidráulica. Y el tercero es la equidad, que obliga a priorizar las zonas donde la vulnerabilidad social y la exposición al riesgo se combinan.
Siempre ha de tenerse en cuenta que la falta de inversión tiene un impacto desigual. Y, las zonas con menor capacidad económica son las que más sufren cuando una tormenta supera la capacidad de la red. Las inundaciones afectan a viviendas, comercios y movilidad, pero también generan costes indirectos: pérdida de enseres, interrupción de actividades laborales, daños estructurales y un deterioro que se acumula con cada episodio.
«No actuar supondría trasladar los costes -económicos, sociales y ambientales- a la ciudadanía, especialmente a los colectivos más vulnerables», advierte Romero.
Por eso, la prevención se convierte en una herramienta de equidad. Las infraestructuras que se ejecutan hoy -depósitos de retención, colectores interceptores, estaciones de bombeo ampliadas y digitalizadas- no solo reducen el riesgo de inundaciones, sino que evitan que los barrios más expuestos paguen el precio del cambio climático.
Emasesa recuerda que el 100 % de la red está diagnosticada hidráulicamente, lo que permite identificar con precisión dónde se concentran los riesgos y qué actuaciones son prioritarias. Por suerte, la planificación está hecha y el diagnóstico es claro: las infraestructuras ya ejecutadas han reducido de forma significativa los daños, pero aún quedan obras esenciales para garantizar que todos los barrios -sin excepción- estén protegidos frente a un clima más violento.
La justicia hídrica, en este contexto, no es un concepto teórico, es una forma de entender la gestión del agua como un servicio público que debe proteger a toda la ciudadanía por igual. Y es también una advertencia, ya que la desigualdad climática se combate con inversión, planificación y prevención. Como resume Romero, «invertir en prevención es invertir en justicia».