Cada día, miles de personas acuden a un abogado porque atraviesan uno de los momentos más difíciles de sus vidas. Un despido, una separación, un conflicto familiar, una agresión o una notificación judicial que no saben cómo afrontar. Antes de cualquier procedimiento judicial hay una persona que necesita ser escuchada, orientada y defendida.
Ese es el principio que inspira la Justicia Gratuita, un servicio esencial para garantizar que cualquier ciudadano pueda ejercer su derecho de defensa con independencia de su situación económica. También es la idea que el Colegio de Abogados de Sevilla ha querido poner en valor este año con motivo del Día de la Justicia Gratuita, a través de la campaña «La Justicia empieza por las personas».
«Con demasiada frecuencia hablamos de procedimientos, recursos o expedientes y olvidamos que detrás de cada asunto judicial hay una persona que necesita ser escuchada. Ese es el verdadero sentido de la Justicia Gratuita», explica el decano del Colegio de Abogados de Sevilla, Óscar Fernández León.
Cada día, los abogados y abogadas del Turno de Oficio convierten ese compromiso en una realidad. Son, en muchos casos, el primer contacto de los ciudadanos con la Justicia y quienes les acompañan en la defensa de sus derechos cuando más lo necesitan. Una labor que trasciende el asesoramiento jurídico para convertirse, en numerosas ocasiones, en la primera respuesta ante una situación de vulnerabilidad.
Respuestas
Poner a las personas en el centro obliga también a mirar hacia el funcionamiento de la Administración de Justicia.
Porque garantizar el derecho de defensa no depende únicamente del compromiso de los profesionales. También exige una Administración de Justicia dotada de los recursos humanos, materiales y tecnológicos necesarios para responder con agilidad, eficacia y seguridad jurídica a las necesidades de los ciudadanos.
La implantación de la Ley Orgánica 1/2025, una de las reformas más relevantes de la organización judicial española de las últimas décadas, ha abierto un importante proceso de transformación. Pero ese proceso también está evidenciando importantes desafíos. La insuficiencia de recursos humanos, materiales y tecnológicos, la necesidad de una dotación presupuestaria acorde con la dimensión de la reforma, las dificultades organizativas derivadas del nuevo modelo o los retrasos que siguen acumulándose en numerosos órganos judiciales forman parte de la realidad cotidiana de quienes trabajan en la Administración de Justicia.
«Los profesionales conocemos de primera mano esa realidad porque la vivimos cada día. Nuestra responsabilidad institucional no puede limitarse a describir los problemas; debemos contribuir, desde la experiencia y el conocimiento, a proponer soluciones que mejoren el servicio público de Justicia», afirma Fernández León.
La conclusión es sencilla: cuando el sistema no funciona con la agilidad necesaria, quienes terminan soportando las consecuencias son los ciudadanos. Los retrasos, la falta de medios o las dificultades organizativas no son solo un problema para los profesionales; afectan directamente al derecho de las personas a obtener una tutela judicial efectiva.
Desde la experiencia
Con ese convencimiento, el Colegio de Abogados de Sevilla y el Colegio de Procuradores de Sevilla impulsan conjuntamente la Declaración de Sevilla para una Justicia más Eficiente, una iniciativa abierta al conjunto de operadores jurídicos de la provincia que nace con un objetivo muy concreto: compartir experiencias, analizar las dificultades que está planteando la implantación de la Ley Orgánica 1/2025 y trasladar propuestas de mejora que contribuyan a reforzar el funcionamiento de la Administración de Justicia.
La Declaración constituye el punto de partida de la futura Mesa por una Justicia más Eficiente, concebida como un espacio permanente de diálogo, colaboración e interlocución entre la Abogacía, la Procura, la Judicatura, la Fiscalía, los Letrados de la Administración de Justicia, la Administración competente y el resto de operadores jurídicos. Un foro desde el que compartir conocimiento, detectar incidencias, formular propuestas y favorecer una interlocución estable con las administraciones públicas.
«La mejora de la Justicia no depende exclusivamente de las leyes. También depende de la capacidad de las instituciones para colaborar, compartir conocimiento y construir soluciones desde la experiencia de quienes trabajamos diariamente en ella», destaca el decano.
Garantía derecho defensa
La iniciativa nace con vocación integradora y está abierta a la participación del conjunto de operadores jurídicos de la provincia. El objetivo es construir una visión compartida sobre los retos que afronta la Administración de Justicia y fortalecer la cooperación institucional para contribuir, desde el conocimiento práctico, a un mejor servicio público.
En realidad, la campaña del Día de la Justicia Gratuita y la Declaración de Sevilla para una Justicia más Eficiente responden a una misma convicción. La primera recuerda que detrás de cada procedimiento hay una persona. La segunda plantea que esas personas necesitan también una Administración de Justicia capaz de responder con eficacia, coordinación y los recursos adecuados.
Porque una Justicia verdaderamente centrada en las personas no solo garantiza el derecho de defensa. También trabaja para mejorar el sistema que debe proteger ese derecho.
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Web: icas.es