Asunción González Peñaloza con la sentencia judicial favorable a sus pretensiones
Asunción González Peñaloza con la sentencia judicial favorable a sus pretensiones - ROCÍO RUZ
SALUD

«He tenido una cliente con fibromialgia que falleció antes de que se señalara el juicio de su incapacidad»

Otro juez ha dado la permanente absoluta a una enferma que el Estado negó

SEVILLAActualizado:

Cada día son más las personas enfermas con fibromialgia obligadas a meterse en pleitos para conseguir la incapacidad permanente absoluta ante la imposibilidad que tienen de trabajar con esa enfermedad invalidante que causa dolor generalizado, y la negativa del Estado a dársela.

Así, y a pesar de que no pueden ni tirar de sus cuerpos y de los tratamientos costosos que han de llevar, por no citar la falta de ayudas, los pacientes optan por emprender el calvario de la reclamación administrativa, primero; y, si no surte efecto, la demanda judicial, aunque eso les cueste hasta 4 años de trámites y 3.000 euros para pagar abogados y peritos y aunque alguno fallezca antes de que haya juicio.

Es el caso de María Asunción González Peñaloza, una sevillana de 49 años de edad que hace diez no pudo levantarse una mañana de la cama para ir a trabajar. Ahí empezó la pesadilla que acabó hace unos meses cuando ganó la batalla judicial contra el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), que emprendió con la asistencia jurídica del abogado Álvaro María Jiménez Bidón.

María Asunción trabajaba en unos conocidos grandes almacenes cuando un día como otro cualquiera de su ajetreada vida «no pude levantarme de la cama». «Me sentía como si fuera una estatua. No podía mover los brazos, las piernas, el cuello... Nada. Llame a mi marido a gritos porque yo pensaba que algo muy malo me estaba pasando. Como pudimos llamamos al médico, que no vino a mi casa, que esa es otra historia, y entonces me llevaron a urgencias».

Allí le dijeron que era de las cervicales y la derivaron a su médico de cabecera. El malestar persistía, agravado con mareos, fatiga, cansancio, dolores de espalda, de cadera y ella sabía que la cita para los especialistas de la Seguridad Social tardaría. De modo que fue a una clínica privada y allí un internista le diagnosticó fibromialgia. Estuvo de baja con el 55% de la base de su sueldo pero enferma aún tuvo que ponerse a trabajar con medicación que le impedía conducir, el malestar generalizado y el miedo por no cumplir bien con su tarea.

«Ese es el problema porque de baja médica no puede estar más de 545 días y luego tiene que reincorporarse al trabajo y hasta la fecha del juicio pueden pasar hasta dos años, ¿qué hace una persona en esas circunstancias?», tercia Jiménez Bidón. En la segunda baja le reconocieron la incapacidad total, que no la permanente absoluta, que es la que la inhabilita por completo para toda profesión u oficio, y entonces fue cuando recurrió a los tribunales.

Ahora tiene el 100% de su sueldo y un marido, Juan Luis, «que vale un imperio porque él me ayuda a todo, ya que yo no puedo hacer ni una cama. Estar cinco minutos de pie fregando, por ejemplo, me deja hecha polvo», apostilla María Asunción, que se mantiene con gimnasia, ayuda psicológica, sus tratamientos y toda la distracción posible para aliviar los ataques de ansiedad y el estrés «porque lo que tengo no se cura y nadie me ha dicho aún de dónde viene».

Como ya publicó ABC, Teresa García García es otra sevillana que tuvo que ir al juzgado para que le reconocieran la incapacidad permanente absoluta. Al principio su médico le decía que era una floja cuando ella le contaba que no tenía fuerza para nada.

Ganó la demanda pero tiene que digerir qué hubiera pasado si desde un primer momento se hubiera diagnosticado su enfermedad, si hubiera cotizado los cinco años anteriores a la sentencia que le dio la razón y en vez de una paga de 640 euros le hubiera quedado una de 1.300.

El abogado que ha ganado la sentencia favorable a María Asunción explica que estas demandas comienzan por la vía administrativa con una solicitud de incapacidad permanente. El INSS tiene 135 días para resolver. Si se desestima hay que presentar reclamación previa. Entonces se abre un nuevo plazo de 45 días para responder. Si responde desestimándola se presenta la demanda ante el juzgado y luego se señala el juicio.

«Desde que presentamos vía judicial la demanda hasta que nos señalan para juicio pasan 2 o 3 años, hasta 4, y luego desde que se dicta la sentencia y se da cumplimento al pago de la actualización de la pensión nos encontramos en tres y cuatro meses», dice Álvaro María Jiménez Bidón que ha tenido una cliente que falleció antes de que se señalara el juicio.