Un año para ordenar la ciudad sin ley

Los ayuntamientos implicados en el desmantelamiento de la Cañada Real tendrán un plazo de un año para ordenar urbanísticamente los terrenos que le correspondan. El borrador del anteproyecto de ley que la Comunidad consensuó esta semana con la Delegación del Gobierno y los ayuntamientos de Madrid capital, Rivas y Coslada fija un calendario para agilizar los trabajos que pretenden regularizar la situación de este núcleo urbano «sin ley».

Los tres consistorios, además, tendrán seis meses para realizar un censo de fincas y habitantes de dichos terrenos. Este calendario de tiempos comenzará a contar en el momento en que se apruebe definitivamente el texto.

El Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid estudiará hoy el nuevo borrador. La intención es que el documento se traslade a la Asamblea antes de agosto, pero no se descarta que, por problemas de tiempo, aterrice allí en septiembre. En cualquier caso, lo que parece seguro es que el proyecto de ley se aprobará en otoño. Por lo tanto, el censo encargado a los ayuntamientos tendrá que estar concluido en primavera, mientras que la planificación urbanística de los terrenos deberá cerrarse a finales de 2010.

Transcurrido este plazo, la Comunidad de Madrid tendrá derecho a enajenar dichos suelos, sin que ello suponga la legalización de las construcciones o actividades desarrolladas en los mismos. En todo caso, una vez que los ayuntamientos aprueben la modificación de sus Planes Generales, se definirá la titularidad de los terrenos actualmente ocupados en la Cañada Real Galiana.

Cuestiones sociales

Asimismo, de forma paralela a los procesos de desafección, ordenación urbanística y enajenación de la Cañada Real, todas las administraciones con competencia en la zona (Comunidad, Delegación de Gobierno y los tres ayuntamientos) deberán acordar los mecanismos e instrumentos que sean necesarios para resolver las cuestiones de índole social generadas en la Cañada.

Será momento en que todas los implicados decidan cuándo, cómo y dónde comenzar a realojar a los más de 40.000 personas que, se calcula, viven en esta zona. Este momento no llegará hasta que concluyan la ordenación urbanística y el censo de unos terrenos que tienen una longitud de casi 15 kilómetros.

Tras tres meses de negociaciones parece que, por fin, se ha cerrado un acuerdo para encontrar una alternativa de futuro a una zona que, históricamente, ha estado dejada de la mano de Dios. Fue en el mes de abril, en una visita de Esperanza Aguirre al municipio de Rivas, cuando la presidenta se comprometió, delante del alcalde del municipio (José Masa, IU) a buscar una solución para la Cañada antes de que llegue el verano.

Dicho y hecho. El texto que se ha consensuado establece la desafección por parte del Ejecutivo regional de 14,2 kilómetros de terreno, que pasarán a ser bien patrimonial y, por tanto, propiedad de la Comunidad de Madrid. Esto significa que será el Gobierno autonómico quien tendrá potestad para venderlos, permutarlos o cederlos.

Las reuniones entre todas las partes vienen manteniéndose desde el pasado mes de mayo, muchas de ellas bajo la presidencia de Esperanza Aguirre. La primera, el 19 de mayo; la última, el martes pasado. El primer borrador se redactó el 20 de mayo. Tras realizar las pertinentes alegaciones y consideraciones, el segundo resultó ser el definitivo.

En él, básicamente, se desafecta el tramo principal de la la Cañada Real, que pasará a tener titularidad regional. La reordenación de los terrenos por parte de los ayuntamientos no será sencilla, ya que cada zona presenta sus peculiaridades. Por ejemplo, Coslada cuenta en esta franja con viviendas cuyos habitantes aseguran tener escrituras de propiedad, «porque en su día el ICONA se las vendió».

El tratamiento en este caso no podrá ser el mismo que el de la zona afectada en Madrid, que linda con el vertedero de Valdemingómez.

La capital, de hecho, tiene previsto «poner en juego los suelos que están en el entorno», que según el vigente plan de urbanismo tienen un uso «no urbanizable común».

Otra de las novedades del anteproyecto de Ley radica en que permite un pequeño «salto» de la Ley de Suelo, por el cual será posible que los ayuntamientos adapten estas zonas a sus ordenamientos urbanísticos simplemente mediante una modificación puntual del Plan General.

«Es un lastre y un balde»

Esperanza Aguirre no pudo ocultar su satisfacción, ayer, por haber alcanzado este acuerdo, aunque pidió prudencia. «Hemos dado pasos adelante para acabar con una instalación ilegal que representa un lastre y un balde para la Comunidad y un foco de conflictividad social, exclusión y muchas veces, de delincuencia».

Pese a todo, la presidenta regional no quiso todavía «echar las campanas al vuelo». Su intención es que el proyecto de ley pueda ser aprobado de forma definitiva a la vuelta del verano.