El ministro de Trabajo e Inmigración, Celestino Corbacho, compareció ayer ante la comisión del Pacto de Toledo del Congreso para explicar la reciente propuesta del Gobierno sobre la reforma de las pensiones.

El ministro afirmó que nuestro sistema público de pensiones «necesita unas reformas ambiciosas, pero de aplicación moderada y no traumática» a partir de 2013 para reforzar su sostenibilidad. También tranquilizó a los ciudadanos al decir que la Seguridad Social «no está amenazada a corto plazo ni siguiera ante una grave crisis como la actual».

«La crisis de la escalera»

Precisamente, unas horas antes había declarado que la crisis económica actual «ya no es la crisis del sistema financiero, sino que es la crisis de la escalera, del barrio y de las familias, porque ya ha llegado ahí» y está golpeando «a los más débiles».

Corbacho dijo en la comisión parlamentaria que sería «irresponsable» no poner sobre la mesa el debate sobre la edad legal de jubilación. Corbacho se refería, sin citarla, a la propuesta de «desplazar» desde los 65 a los 67 años la edad legal de jubilación recogida en el documento aprobado por el Consejo de Ministros el 29 de enero y que tanta polémica ha ocasionado.

Casualmente, la comparecencia del ministro se produce 24 horas antes de que empiecen las movilizaciones convocadas por los dos sindicatos mayoritarios contra esa propuesta en toda España.

Asimismo, Corbacho dijo ayer en la comisión del Pacto de Toledo que aunque el mencionado documento «no establece ningún aumento del actual periodo de cálculo, el Gobierno entiende que ese tema debe ser objeto de reflexión y debate». Como se recordará, el texto que envió hace unas semanas el Gobierno a Bruselas sobre la actualización del Programa de Estabilidad, se hacía referencia a prolongar de 15 a 25 años el periodo de cálculo para las pensiones de jubilación. Sin embargo, la vicepresidenta Elena Salgado, eliminó a las pocas horas ese párrafo, alegando que se trataba de un mero ejemplo.

Prolongar la vida activa

El ministro subrayó que «se trata de seguir incentivando la prolongación de la vida activa», para lo que, por ejemplo, se propone limitar las reducciones de plantilla en las empresas con beneficios e imponer a las empresas la cofinanciación de los sobrecostes producidos por la exclusión temprana del mercado de trabajo. Asimismo, se trataría de incrementar más allá de los 52 años la edad mínima de jubilación.

El portavoz del PP en esta comisión, Tomás Burgos, criticó que Corbacho no estuviera en aquel Consejo de Ministros del 29 de enero y que comparezca en esta comisión 24 días después. Acusó al ministro de «haber abierto el debate de la peor manera posible» y subrayó que «es la crisis y no la demografía la que les fuerza a proponer esta reforma». E insistió en que «son las cuentas públicas, el déficit, las que ocasionan un problema al envejecimiento, y no al revés».

Burgos criticó las contradicciones del Gobierno sobre la prolongación del tiempo para el cálculo de las pensiones y la supuesta eliminación de la revalorización automática de las mismas. También dijo que «el Ejecutivo no está legitimado para pedir esfuerzos a los ciudadanos cuando no cumple con sus obligaciones financieras, ya que debe más de 10.000 millones al Fondo de Reserva».

«Amputación del sistema»

Por el grupo mixto, María Olaia Fernández (BNG), mostró su rechazo a la ampliación de la edad de jubilación y Rosa Díez (UPyD) manifestó que «tenemos que saber de qué estamos hablando». Acusó al Gobierno de «crear incertidumbre» y de seguir una estrategia «camaleónica» y le pidió que «digan lo mismo en esta comisión, en Bruselas o en Davos».

Gaspar Llamazares (IU) dijo que la propuesta es «una amputación de nuestro sistema de pensiones», que provoca «más desacuerdos que acuerdos». El portavoz del PNV, Emilio Olabarría, denunció que la propuesta del Gobierno es «inconstitucional, políticamente inadecuada y socialmente injustificada».