Luciano Varela lo dejó muy claro en su auto de hace mes y medio en el que rechazaba el sobreseimiento de la causa solicitado por la defensa de Baltasar Garzón. A lo largo de sesenta folios, el juez instructor desarrolló una dura y profusa resolución de la que se desprendía el convencimiento absoluto de que el juez de la Audiencia Nacional pudo haber cometido un delito de prevaricación.

De acuerdo con ese auto, al menos siete serían los grandes errores cometidos por Garzón y que apoyarían la tesis de Varela. Para empezar sostiene el instructor que Garzón «decidió incoar un procedimiento criminal sin determinar su concreto objeto y congelando de facto su efectiva tramitación».

Prosigue Varela acusando al juez de la Audiencia de intentar «asumir el control de las localizaciones y exhumaciones de cadáveres dentro de un proceso penal cuya artificiosa incoación suponía desconocer los principios esenciales del Estado de Derecho».

Desconocimiento de leyes

Según Varela, el imputado puso de manifiesto un «desconocimiento objetivo de leyes democráticas aprobadas, como la Ley de Amnistía de 1977», en un intento de «ignorar u orillar» la voluntad de las Cortes españolas pues equiparó la citada ley a un indulto general cuando «la amnistía no tiene que vincularse a la idea de perdón y menos aún al derecho de gracia, cuya iniciativa viene atribuida al poder ejecutivo».

Prosigue el magistrado, en otra de sus argumentaciones, señalando que Garzón «era consciente de su falta de competencia» y de que los hechos denunciados ya «carecían de relevancia penal al tiempo de iniciar el procedimiento».

Le atribuye asimismo la construcción de «una artificiosa argumentación para justificar su control del procedimiento penal» para «salvar» lo que él mismo denominó «escollos» al inicio del procedimiento.

La sexta irregularidad se referiría a lo que Varela calificó como el «momento culminante de esta antijuricidad», que sería cuando Garzón se declaró competente aun en contra del criterio de la Fiscalía. En esta línea destaca otras decisiones polémicas tomadas por Garzón como la de recabar documentación de distintos organismos antes de declararse competente o la de autorizar determinadas exhumaciones.

A todo ello se añadiría «la prolongada congelación del procedimiento», pues desde que incoó diligencias (diciembre de 2006) hasta que Garzón se declaró competente (octubre de 2008) «no promovió la más mínima actuación procesal de investigación, ni dispensó la más mínima protección» a denunciantes o víctimas.