Es éste un momento sesgado con mucha fuerza hacia soluciones por el lado macroeconómico. Pero, si bien es cierto que la mejoría macroeconómica es necesaria, es posible que su equilibrio pudiera ser el que tiene, también, una persona muerta. Es preciso, por ello crear vida, es decir, conseguir que nuestra economía sane por el duro camino de las reformas estructurales, es decir, por el llamado camino de la oferta, ese que exige soluciones microeconómicas.

Esto es lo que sucede, ahora mismo, con las Cajas de Ahorros. Acaba, por ejemplo, de señalar Luis de Guindos, con su perspicacia habitual, que éstas instituciones españolas necesitan recapitalizarse entre 30.000 y 50.000 millones de euros a causa de las exigencias de Basilea III, ese nuevo acuerdo internacional que nos obliga en relación con la estructura crediticia sometida al Comité de Basilea de Supervisión Bancaria. Pero, con su estructura jurídica actual, ¿cómo poder allegar una suma tan alta? Como señaló el profesor Barea en su artículo «Reforma financiera», publicado en «Cinco Días» el 10/11 de abril 2010, debe ligarse esto a que «en algunas organizaciones no está claramente definida la estructura de su propiedad, apareciendo en los mismos lo que en economía se conoce como «problema de agencia». Tal hecho se da en las cajas de ahorros donde no existen propietarios de las acciones, lo que agrava aun más el problema de agencia». Todo esto tiene una actualidad extraordinaria. Como acaba de señalar José Viñals, el director de Asuntos Monetarios y Financieros del Fondo Monetario Internacional, en sus declaraciones en «El País» el 25 de abril de 2010, «Basilea ha conseguido grandes avances en capital y liquidez» a los que tendrá que hacer frente el sector crediticio, «por lo que hay que concretar las propuestas de más capital y liquidez» concluyendo que «una serie de cajas (españolas) deben acometer procesos de reestructuración».

He ahí un reto ineludible que afecta, aproximadamente, a la mitad de nuestro sistema crediticio, el cual, por lo dicho, se halla en peligro. Resolverlo es urgente, y el Estado tiene obligación de liquidar resistencias institucionales ligadas sobre todo a las Comunidades Autónomas. De ahí la importancia de encontrar un hilo conductor para la obligada reforma. Y he aquí que por fortuna existe. Llega ahora a Gaspar Ariño y su ya imprescindible aportación «La necesaria reforma de la Ley de Cajas de Ahorros» (Civitas, 2010), pero el hontanar estaba en Jaime Terceiro Lomba, cuando en «Información Comercial Española», diciembre 1995, publicó un artículo, al par perfectamente documentado y agorero, titulado «Singularidades en el sistema financiero español: la situación de las Cajas de Ahorros». Sobre lo primero, hay que señalar lo magnífico de la presentación que hace, por un lado de los «problemas generados por la configuración jurídica de las cajas de ahorros» y por otro, de la configuración de estas instituciones en Europa. Sobre lo segundo, y esto se escribió en 1995, consideraba el profesor Jaime Terceiro que el legislador debería «introducir mecanismos que posibiliten una mayor exigencia y profesionalidad en los parámetros que miden la calidad en su gestión y, a nuestro entender, ello pasa por clarificar la indefinición acerca de su propiedad y de su formulación jurídica. Si no se consigue este objetivo, podemos encontrarnos, a medio plazo, con dificultades operativas graves en una parte sustancial de nuestro sistema financiero».

Quince años después, parece llegada la hora de poner en marcha todo eso, cuando vemos que, efectivamente, lo que tenemos a la vista es -y la cita es de la mencionada aportación de Jaime Terceiro- en qué medida las cajas de ahorros, si no se alteran sus estructuras básicas, «van a ser capaces de alcanzar resultados satisfactorios en un contexto de competencia y bajo unas reglas de juego distintas de las que históricamente (habían)... tenido». Lo comprobamos en estos momentos.