LA noche del 25 al 26 de mayo de 2000 Iria Suárez y Raquel Carlés, de 17 y 16 años, asesinaron de 32 puñaladas a su compañera de instituto Clara García Casado «para ver lo que se sentía». Luego, abandonaron su cadáver en un descampado de San Fernando (Cádiz) y se fueron de fiesta. El crimen «estrenó» la Ley del Menor, y la pena de 25 años de prisión a la que se hubieran enfrentado las asesinas se redujo a ocho años de internamiento en un centro de menores y cinco de libertad vigilada. En 2006, y tras disfrutar de numerosos permisos, Iria, con aspiraciones de psicóloga, y Raquel, de peluquera, ya estaban en la calle, mientras los padres y el hermano de Clara sobrevivían a los estragos del abandono, destino común de la mayoría de las víctimas, olvidados de una justicia que mimó a sus verdugos. La fría memoria histórica de una ley tantas veces condenada.