Se sabían en el punto de mira de una inspección de la Junta en materia de residencias de ancianos y por eso cerraron la que tenían en Carmona y trasladaron a sus catorce internos a un chalé discreto de La Rinconada. Allí los ha detenido la Guardia Civil bajo la acusación genérica de unos malos tratos que, a tenor de la información que ha trascendido, iban desde la deficiente alimentación, al tratamiento médico inadecuado, pasando por un trato humano degradante que convertía a los ancianos en cosas y no en personas.

Se trata de M.R.S., de 59 años, y su compañera sentimental, R.B.N., una auxiliar de clínica sobre la que recaía la parte «médica» del tratamiento a los internos, considerado por la Guardia Civil como inadecuado y con administración abusiva de fármacos.

La pareja reside en Carmona, y en aquella ciudad estaba ubicada inicialmente la residencia, una instalación que, según lo confirmado ayer por la consejera de Igualdad y Bienestar Social de la Junta de Andalucía, Micaela Navarro, ya había sido sancionada en el pasado por su implicación en el caso de otra residencia «pirata», similar a la ahora descubierta.

La detención de los responsables de la residencia se ha producido dentro de la bautizada como «operación Yayo», cuyo detonante fueron dos llamadas anónimas al teléfono de Atención a las Personas Mayores (en 2009 se recibieron a través del mismo más de 1.200 denuncias) en las que se alertaba de los supuestos abusos de que estaban siendo objeto los ancianos residentes en una instalación geriátrica de Camona. Las gestiones iniciadas a partir de ese momento dieron pie a la apertura de una inspección por parte de la Administración autonómica, que pronto se demostró ineficaz, habida cuenta de que los gestores de la residencia se negaron a permitir la entrada de los inspectores.

Era el mes de febrero. Es a partir de ese momento cuando se pone en marcha la «operación Yayo», en la que interviene el Equipo Mujer Menor (Emume) de la Guardia Civil.

La sorpresa fue que cuando los agentes pretendieron acceder al recinto, en éste ya no había ningún anciano; ni tan siquiera actividades propias de un geriátrico.

La subsiguiente investigación llevó a los agentes de la Benemérita hasta los aledaños de un polígono industrial situado en la carretera de Brenes, en el término municipal de La Rinconada. Allí, un chalé había sido convertido en el relevo de la residencia de Carmona, y, como aquélla, funcionaba al margen de la legalidad, sin autorización alguna para dedicarse a tal actividad.

En su interior, en habitaciones mínimamente amuebladas, fueron localizados catorce ancianos que podían estar sufriendo malos tratos.

En concreto, la Guardia Civil ha apuntado una falta de cuidados higiénico-sanitarios de los ancianos, además de una mala alimentación, sin ningún tipo de control de nutrición. Tampoco la asistencia médica era la debida, ya que los residentes recibían un trato médico inadecuado que incluía la administración abusiva de fármacos.

Aunque de lo que ha trascendido de la investigación —que ha permanecido bajo secreto sumarial hasta el pasado martes— no parece deducirse la existencia de malos tratos físicos, si hay sobradas evidencias de un trato abusivo a los ancianos, a los que sus «cuidadores» trataban como cosas y no como personas. Pese a la detención de los dos responsables, la investigación no ha sido dada por concluida, ya que ahora se trabaja en comprobar hasta qué punto podían estar siendo gestionados irregularmente los recursos económicos de los ancianos. Tras la intervención de la Guardia Civil, siete de los residentes han sido traslados a la residencia de ancianos de Montequinto y otros seis a la de Heliópolis, ambas de la Junta de Andalucía, mientras que otro más ha tenido que ser ingresado en el Hospital Macarena.

La consejera de Bienestar Social no descartó ayer que la Fiscalía pueda imputar alguna responsabilidad subsidiaria a los familiares de los residentes, ya que, admitió, se da por hecho que los propios ancianos no van a denunciar a sus hijos.