LA ponencia política que se someterá a debate en el cónclave del PP, elaborada por Antonio Basagoiti, Juan Vicente Herrera y Juan José Imbroda, hace una apuesta decidida por las reformas estructurales, la reactivación económica, la estabilidad presupuestaria y la regeneración democrática, en definitiva, la hoja de ruta que está siguiendo el Gobierno en estas primeras semanas de su mandato.
El texto redactado por los presidentes del PP del País Vasco, de Castilla y León y de Melilla, respectivamente, ha recibido 293 enmiendas, destaca que España «se enfrenta hoy a profundos retos y a grandes desafíos. Vivimos —añade— momentos de gran dificultad en todos lo órdenes que son fruto de la acumulación de los efectos de una grave situación de crisis, manifestada en varias dimensiones que se han ido superponiendo a lo largo de los últimos años».
Circunstancia ante la cual los españoles han respondido con un «profundo deseo de cambio, de renovación, de reformismo y de regeneración de nuestra vida política y social, otorgando una confianza muy mayoritaria al PP, que se reflejó en la asunción de las responsabilidades de gobierno en la nación y en la mayor parte de nuestras comunidades autónomas, provincias y municipios».
Tras reprochar que los gobiernos socialistas se ha caracterizado por un «profundo deseo de dirigir la sociedad, la constante voluntad de controlar la vida privada desde el poder político y por considerar a los ciudadanos como “menores de edad” que tienen que ser tutelados y dirigidos», la ponencia destaca las ideas que identifican al PP.
Eje principal
Así, el eje ideológico es la libertad y la dignidad de las personas, las políticas sociales avanzadas y la garantía de la solidaridad. Se hace una defensa a ultranza de la igualdad ante la Ley, de la no discriminación y de la beligerancia con las actitudes intolerantes. No menos importante es la necesidad de recuperar el concepto Nación, de su valor simbólico y político.
En el capítulo de la regeneración democrática se indica que el PP es consciente de la desafección de una parte importante de la ciudadanía hacia los partidos y hacia los políticos, con el consiguiente cuestionamiento que ello supone del mismo sistema democrático. Consciente de ello, afirma el texto, «el PP considera necesario poner en valor la defensa del interés general, las conductas ejemplares y la gestión pública rigurosa, así como conseguir una mayor implicación de la ciudadanía en los controles y en las actuaciones de sus gobernantes».
Pero quizás es en el plano económico donde la ponencia se identifica plenamente con las primeras medidas que ha impulsado el Gobierno para superar la crisis y retornar a la senda de la creación de empleo.
Señala el texto que «la situación económica de España en el momento de acceder al Gobierno el Partido Popular, tras las elecciones del pasado 20-N, es con toda seguridad la más difícil a la que haya debido hacer frente un Gobierno desde la restauración de nuestra democracia». Por ello, «el máximo objetivo de nuestra nación no puede ser otro que reactivar la maltrecha economía española, sanear sus fundamentos y estimular el crecimiento y la creación de empleo». En este apartado se considera esencial la estabilidad presupuestaria, el saneamiento del sector financiero, y las reformas estructurales, principalmente la laboral, que permita contar con un marco »justo, seguro y flexible».
Enmiendas
Entre las enmiendas presentadas a otras ponencias, como la de Estatutos, se debatirá una para limitar a un máximo de ocho años los mandatos del presidente del Gobierno y de los presidentes autonómicos, una propuesta que si prosperara podría afectar a veteranos «barones» como Esperanza Aguirre, Juan Vicente Herrera, Ramón Luis Valcárcel o Pedro Sanz. Se trata de una de las tres enmiendas que el diputado Eugenio Nasarre ha presentado a la ponencia de Estatutos, que han redactado el presidente de la Generalitat valenciana, Alberto Fabra; la presidenta del PP catalán Alicia Sánchez-Camacho; y el presidente de Cantabria, Ignacio Diego. En concreto, Nasarre propone que «con carácter general los afiliados del PP no podrán desempeñar más de dos mandatos consecutivos en el ejercicio de los cargos de presidente del Gobierno, presidentes de Comunidad Autónoma, presidente de las diputaciones provinciales y cabildos, así como los alcaldes de municipios con población superior a 50.000 habitantes».
Sin embargo, Nasarre plantea que en determinadas circunstancias puedan ampliarse a más de ocho años el tiempo de mandato. «En atención a especiales circunstancias políticas, la Junta Directiva Nacional a propuesta del presidente del partido, podrá acordar el ejercicio de un tercer mandato».
También se debatirá una enmienda para que se ponga obligatoriamente la bandera de España en todos los actos que celebre el partido. Se trata de una de las tres aportaciones del concejal madrileño Fernando Martínez Vidal. En concreto, Martínez Vidal plantea una enmienda al artículo 1 y pide que se incluya en las normas de funcionamiento del PP la obligación de poner la bandera de España en todos los actos de partido, desde ruedas de prensa a mítines o congresos, acompañando a la enseña «popular». Según ha explicado Martínez Vidal a Europa Press, los miembros del PP tienen que quitarse el «complejo» de usar la bandera y mostrarse «orgullosos de ser españoles». «Como diría Adolfo Suárez, hay que hacer normal en el partido lo que es normal en España», ha indicado. Además, ha rechazado cualquier acusación de que con esta medida se politiza la bandera porque todos los partidos pueden hacer uso de ella si quieren. «Nuestro lema en este congreso es “Comprometidos con España”, así que mostremos de verdad que es así», añadió. Sin embargo, la ponente de Estatutos, la catalana Alicia Sánchez Camacho, no aceptó la enmienda, que en cualquier caso será debatida este fin de semana por los compromisarios al rechazar Martínez Vidal la posibilidad de retirarla.
