La delegada de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local de la Junta en Córdoba, Purificación Joyera, ha visitado la Fundación Proyecto Don Bosco y ha resaltado la labor «en favor de los jóvenes con más dificultades, así como en situación de riesgo» que realiza esta entidad desde hace 20 años.

Según ha indicado la Administración autonómica en una nota, Joyera se ha referido al proyecto «Integra-t Córdoba», que cuenta con una subvención de la Dirección General de Políticas Migratorias de la Consejería de Justicia, que realiza la fundación en colaboración con el Gobierno andaluz y que supone medidas de apoyo a los jóvenes extutelados.

Dichas medidas son «para que puedan pasar de una situación de protección a una de autonomía», ha señalado la delegada, quien ha añadido que «los jóvenes sin apoyo familiar requieren de un acompañamiento para que su proyecto de emancipación sea un éxito, y para que alcancen una situación de madurez que les permita vivir plenamente la vida adulta e independiente».

Asimismo, ha explicado que para este proyecto «se incide de manera especial en la pedagogía de la vida cotidiana y autónoma, que posibilita en los jóvenes el desarrollo del orden y la regularidad en sus actividades, el fomento del espíritu de trabajo y de colaboración, el desarrollo de la autoorganización y la autogestión».

A ello se suma «la adquisición de normas de convivencia básicas y la toma de conciencia de su historia personal, haciéndolos sentir protagonistas de la misma, unas condiciones de vida adecuadas para su desarrollo personal, educarlos en la responsabilidad, asumiendo compromisos, el fomento del ahorro como hábito de vida y compromiso de cara a su futura emancipación y la adquisición de recursos personales que faciliten su acceso al empleo y la vivienda, a través de la formación y la capacitación profesional».

Igualmente la Delegación gestiona el Servicio Integral para la Ejecución de Medidas Judiciales en Medio Abierto (SIMA), que presta la Fundación Proyecto Don Bosco por el que se atiende a jóvenes que no poseen la mayoría de edad penal, entre 14 y 18 años, y que cometen un hecho castigado por la ley.

El juzgado competente, por este motivo, no le impone un castigo, sino una medida de medio abierto. El joven tendrá impuesto con carácter cautelar o definitivo por parte de los juzgados de menores una o varias de las medidas que se ejecutan en Medio Abierto, concretamente libertad vigilada, convivencia con persona o familia, permanencia de fin de semana en el domicilio, tratamiento ambulatorio de salud mental, tratamiento ambulatorio de deshabituación de tóxicos o tareas socioeducativas. El pasado año se acogieron al servicio integral para la ejecución de medidas judiciales en medio abierto 342 personas.