Cruz Roja y el Banco de Alimentos de Córdoba son las encargadas de repartir desde este lunes los 439.039,440 kilos -27 camiones cada entidad- de víveres entregados por el Gobierno español dentro de la tercera fase de la campaña de ayuda a las personas más desfavorecidas de la provincia de Córdoba.

Así lo ha indicado el Banco de Alimentos en una nota en la que ha detallado que estos productos llegarán, por parte de la entidad «prácticamente a 25.000 beneficiarios, distribuidos en 108 organizaciones asociadas de reparto de la provincia».

El plan de ayuda a los necesitados que el Gobierno de España puso en marcha hace 30 años, se desarrolla esta campaña en tres fases de las cuales se está llevando a cabo la tercera. El Programa de Ayuda Alimentaria 2018 se entronca en el marco financiero de la Unión Europea 2014-2020, por lo que se financia conjuntamente entre el Fondo de Ayuda Europea para Personas Desfavorecidas (FEAD) y el Estado español, a través del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA).

El FEAD persigue el objetivo de situar por debajo de 20 millones el número de personas de la Unión en riesgo de pobreza y exclusión social, de conformidad con la Estrategia Europa 2020. Asimismo, contribuirá a lograr el objetivo específico de paliar las peores formas de pobreza, suministrando ayuda no financiera a las personas más desfavorecidas, ya en forma de alimentos o asistencia material básica, ya mediante la realización de actividades de inclusión social.

Las organizaciones asociadas de distribución, Cruz Roja Española y Banco de Alimentos, son designadas por el MAPA a través del Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA) como colaboradoras imprescindibles para la distribución de alimentos entre las entidades de reparto.

Son éstas últimas las que los harán llegar a los beneficiarios finales: individuos, familias, hogares, grupos en situación de pobreza económica, así como a personas sin hogar y en situación de especial vulnerabilidad social. Todos estos beneficiarios han sido derivados hacia este programa por un trabajador social que ha comprobado la situación real de cada uno de ellos. Al tratarse además de alimentos adquiridos con fondos públicos, antes de su reparto han sido fiscalizados por la inspección de Hacienda.