76 folios resumen la propuesta de nuevo modelo de financiación autonómica que el Ministerio de Economía hizo llegar ayer a los gobiernos regionales. Siete meses han transcurrido desde que el antecesor de Elena Salgado, Pedro Solbes, presentó las líneas generales de un sistema casi mimético al que ayer vio la luz, por lo que su retraso tan sólo responde a la negociación de las grandes sumas, culminada con el «sí» de ERC y los 3.855 millones de euros que dicen que recibirá la Comunidad catalana.

Porque si hay algo que cambia respecto a los números que se manejaron hace siete meses es que entonces se hablaba de 7.000 u 8.000 millones de euros adicionales y hoy esa cifra supera los 11.000 millones, todos ellos a cuenta de ahondar el déficit de unas cuentas públicas que llevan mucho tiempo en números rojos.

En definitiva, mientras se instala el mensaje oficial de que todas las Comunidades ganan, se oculta que es el Estado el gran perdedor. Un Estado que sin delegar ninguna otra competencia, tendrá que soltar más de 11.000 millones para un nuevo modelo de financiación comprometido hace años en buena situación económica y en el que se vio atrapado tras la aprobación del Estatuto catalán.

Y mientras el Estado pierde y las Comunidades ganan, hay que resaltar que ganan más las que más tienen, esto es, además de Cataluña, Madrid, Valencia y Baleares. Porque al criterio de población -las cuatro han visto incrementar ampliamente su censo desde 1999, fecha en que se sostiene el actual modelo- se une otro más difuso de competitividad, que consistirá en la creación de un fondo por el cual se tendrá en cuenta «la capacidad y el esfuerzo fiscal» de las Comunidades que tengan una financiación per cápita inferior a la media o a su capacidad fiscal, esto es, las más ricas.

«Capacidad fiscal»

En el texto, al que ha tenido acceso ABC, no se habla ni de balanzas fiscales ni de esfuerzo fiscal, pero sí mucho de capacidad fiscal, terminología que ha puesto los pelos de punta a las Comunidades más desfavorecidas.

Con el nuevo modelo se amplía la participación de las Comunidades en los principales recursos tributarios. Así, se eleva al 50 por ciento la cesión en el IRPF (actualmente es del 33 por ciento) y en el IVA (que era del 35) y al 58 por ciento los Impuestos Especiales (actualmente hay una cesión del 40 por ciento). Esta ampliación elevaría el peso de los recursos tributarios hasta casi el 90 por ciento. Además, se incrementan las competencias normativas de las Comunidades en los tributos cedidos parcialmente, por ejemplo, en lo que afecta a los mínimos personales y familiares en el IRPF.

Se crean dos fondos principales, el de Garantía de los Servicios Públicos Fundamentales y el de Suficiencia Global. A ellos se unen el de Competitividad y el de Cooperación. El primero será dotado con fondos de las propias comunidades y estará destinado a garantizar la igualdad de servicios de educación, sanidad y servicios sociales conforme al concepto de población ajustada, esto es, número de habitantes, edad, dispersión e insularidad.

La parte novedosa de este fondo es que una vez dotado, las Comunidades con más dinero no deberán devolver ninguna partida para contribuir a la solidaridad interterritorial por lo que se trata de una forma de poner límites a la solidaridad entre las regiones de España.

Entre otras cuestiones significativas destaca el fuerte incremento de las partidas destinadas a la normalización lingüística, que se multiplicarán por 2,5 en aquellas comunidades con competencias en la materia.

También cabe reseñar la moratoria en el reintegro de las liquidaciones negativas del sistema de financiación de los ejercicios de 2008 y 2009 en las cantidades entregadas a cuenta. Este reintegro podrá ser aplazado o se retendrá sobre las entregas a cuenta a partir de enero de 2011.