Todo por un puñado de votos. Así se puede resumir la agónica negociación que el Gobierno de Zapatero ha mantenido en los últimos tres días con el Ejecutivo catalán de José Montilla para pactar el nuevo modelo de financiación autonómica, que se aplicará desde el 1 de enero de este año. O más que con el Gobierno de Montilla, con el brazo fuerte del tripartito, ERC, que es quien ha marcado los tiempos de la negociación, según fuentes consultadas por ABC. Lo que no se ha podido conseguir en catorce meses de reuniones y contactos -desde que en mayo de 2008 se celebrara la primera reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera para abordar el nuevo sistema-, se ha conseguido en 72 horas. Aunque con un alto precio, 3.855 millones de euros para Cataluña, de los más de once mil que aportará el Estado como fondos adicionales y que irán a aumentar el déficit público. Más incluso de lo que pedía ERC, que plantó el viernes a Montilla y se negó a aceptar los 3.400 que le ofreció el Gobierno, situando el mínimo para dar su apoyo en 3.800.

Angustia de Zapatero

La angustia que suponía para Zapatero perder el favor de ERC y la amenaza de unas elecciones anticipadas en Cataluña, donde el rechazo a las pretensiones económicas podían ser cruciales para perder apoyo popular, le ha llevado a abdicar de sus principios de solidaridad e igualdad entre las 17 Comunidades autónomas. El nuevo modelo beneficia claramente a Cataluña, porque se lleva la parte más importante del pastel económico a repartir (3.855 millones en 2012, último año de aplicación del modelo) y porque consigue su objetivo de situarse por encima de la media de las Comunidades en financiación per cápita.

Una vez que ha quedado constatado que Zapatero ha claudicado ante ERC y los socialistas catalanes, ¿cómo justificar la maniobra ante el resto de España sin salir gravemente perjudicado? Pues como hizo ayer la ministra de Economía, Elena Salgado, a la que le tocó dar la cara para anunciar el modelo y la convocatoria para el día 15 de una reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera. Ni una palabra de que el nuevo modelo se ha tenido que reformar porque así lo marcaba el Estatuto de Cataluña, la Comunidad que, junto con Andalucía, son el sostén principal de Zapatero en la Moncloa. Eso sí, lanzó la pelota al tejado de los gobiernos del PP por haber negociado en 2001 -entró en vigor en 2002- un modelo de financiación autonómica «poco transparente» y que no podía ser actualizado. A su modo de ver, los responsables de la actual situación son los populares ya que el modelo del PP «no hace mención explícita a la población y sólo tiene una cláusula que no ha sido posible aplicar», según aseguró Salgado en la rueda de prensa convocada ayer para explicar el modelo.

La jugada de Salgado para desprenderse de la responsabilidad de haber tenido que llegar a una reforma del modelo fue más allá. No sólo no quiso reconocer que el compromiso de Zapatero con Cataluña ha hipotecado al Gobierno en materia de financiación, sino que maniobró durante toda la rueda de prensa para no tener que ser ella la que anunciara las cantidades económicas que recibirán cada una de las Comunidades autónomas con la aplicación del nuevo modelo. «Serán los presidentes los que presenten sus datos y sus estimaciones. No voy a confirmar ni a desmentir lo que digan. Cataluña ha llegado a la conclusión de que recibirá esa cantidad, 3.800 millones, y no tengo que ponerlo en duda», reiteró, para no ser la portavoz de las malas noticias que recibirán otras Comunidades, no tan beneficiadas como Cataluña.

En un intento de salvar la cara al Gobierno, que prácticamente sólo ha negociado con Cataluña en la recta final, afirmó que todas las Comunidades mejorarán en cuanto a los recursos que recibirán, aunque reconoció que algunas estarán por debajo de la financiación media per cápita. «No todas estarán por encima de la media, pero todas se aproximan. Cataluña estará ligeramente por encima», afirmó la ministra.

Bilingüismo

El nuevo modelo se podrá ir actualizando anualmente, en función de los cambios en la población y, según Salgado, garantizará «la prestación de los servicios públicos fundamentales como son la sanidad, la educación y los servicios sociales». De hecho, el 80% de los recursos totales se destinarán a estos servicios. Además, para el reparto del dinero se incorporan las variables de densidad, como pidió Castilla y León, o el bilingüismo, que beneficia a Galicia, Cataluña, Valencia y Baleares. También se aplicarán la dispersión, envejecimiento, insularidad y población.