Hasta los 67 años trabajando. Este es el polémico horizonte que plantea la propuesta del Gobierno de retrasar la edad legal de jubilación hasta dicha edad, una idea que no gusta nada ni en la calle ni en las centrales sindicales. Esta tarde, los sindicatos mayoritarios convocan manifestaciones en toda España para mostrar su tajante rechazo a la reforma que planea el Gobierno de Rodríguez Zapatero, con el que siempre ha estado a partir un piñón. Es la primera desavenencia entre los sindicatos y Zapatero.

Pero la pregunta que se hacen los trabajadores, que temen verse abocados a un futuro de más años de trabajo y pensiones de menor cuantía es si de verdad es preciso trabajar hasta los 67 años para que el sistema público de pensiones siga siendo solvente. Esta es la cuestión clave. El Gobierno, de boca del ministro de Trabajo, Celestino Corbacho, que es al que le está tocando bregar con este incómodo asunto, insiste en que la Seguridad Social goza de buena salud y que el pago de las pensiones está garantizado al menos hasta 2030.

Pero en algunos círculos académicos se dan cálculos mucho más pesimistas. Javier Díaz-Giménez, profesor de Economía en el Instituto de Estudios Superiores de la Empresa, un centro dependiente de la Universidad de Navarra, asegura que «las estimaciones del Gobierno se basan en un modelo muy primitivo». Este investigador, que dice haber elaborado una plantilla de cálculo que contempla todos los escenarios posibles, no duda en augurar que, de mantenerse la coyuntura actual, «el sistema entrará en déficit en 2015. A partir de entonces habría que recurrir a la hucha». La hucha de la que habla este economista es muy grande, el Fondo de Reserva de las Pensiones. Pero también esta arca tiene un límite. «Mis cálculos dicen que se agotaría en 2026». Siempre antes de lo que estima el Gobierno.

Las orejas del loboTambién hay quien no ve tan grandes las orejas del lobo. Carlos Bravo, secretario confederal de Seguridad Social de Comisiones Obreras, asevera sin ambages que «el sistema es sostenible y tiene una situación financiera saneada. Prueba de ello es que está resistiendo mejor los embates de la crisis que otros aspectos de nuestra economía».

Pero entonces, ¿se acaba el dinero o no se acaba? Los sindicatos lo tienen claro. Para ellos la situación no es urgente. Y además: «Las pensiones son un derecho objetivo de la gente; si para pagarlas no fuera suficiente con las aportaciones de los trabajadores se podría recurrir a los Presupuestos Generales del Estado». Esta es una eventualidad que también contempla Carlos Berzosa, rector de la Universidad Complutense y catedrático de Economía Aplicada, pero advierte de las complicaciones que acarrearía llegar a este extremo: «Implicaría recortes en otras áreas de financiación pública como la educación o la sanidad».

Sea cual sea la fecha del colapso, lo que nadie discute es que la actual estructura demográfica, con un aumento sotenido de la esperanza de vida, agravada en España por una incorporación cada vez más tardía al mercado laboral y la elevada tasa de desempleo, requiere correciones en el sistema que garanticen su viabilidad. En ese sentido, por más que al ciudadano medio lo de que le hagan trabajar dos años más le resulte una perspectiva irritante, expertos como Gregorio Izquierdo, del Instituto de Estudios Económicos, que habitualmente asesora a la patronal, dicen que la propuesta del Gobierno de prolongar la vida laboral hasta los 67 años es «muy razonable». Izquierdo enfatiza que hay que tender a modelos en los que se dé una mayor proporcionalidad entre lo cotizado durante la época de actividad laboral porque «ahora la mayor parte de los individuos perciben una pensión muy por encima de lo que fueron sus aportaciones».
También en Francia estudian la medidaEl debate que el Gobierno ha puesto sobre la mesa y que esta tarde los sindicatos sacarán a la calle con sus movilizaciones en toda España no es exclusivo de estos lares. En Francia, el presidente Sarkozy trata de hacer ver a los sindicatos la necesidad de retrasar la jubilación. Como señala, Gregorio Izquierdo, en otros países de Europa «las pensiones públicas se complementan con mecanismos privados de previsión». Un punto de vista que el Gobierno va haciendo suyo aunque sin alharacas, pero que los sindicatos siguen rechazando de plano. Con todo, el mero hecho de retrasar la edad legal de retiro no resuelve todos los problemas de la Seguridad Social. Berzosa dice que «lo que verdaderamente pone en peligro el sistema de pensiones es que la economía española no sea competitiva y no consiga generar empleo». Hay situaciones paradójicas que este y otros economistas no dejan de subrayar, como el hecho de que una medida tan controvertida como posponer la jubilación se aplique en un país que padece un 40% de paro juvenil y en el que hay empleados a los que se prejubila al poco de cumplir los cincuenta años. Quizá por eso, el ministro Corbacho se ha desmarcado esta semana con unas declaraciones en las que aboga por prohibir las prejubilaciones en las empresas que dan beneficios.

En lo contraproducente de estas dos circunstancias están de acuerdo tanto los economistas de corte liberal como los representantes sindicales. Izquierdo señala que «hay que arbitrar incentivos para que la gente se jubile a la edad establecida y no antes». Carlos Bravo, desde Comisiones Obreras, se pregunta por qué «siempre que se habla de reformar el sistema de pensiones se habla de recortar el gasto y no de reforzar los ingresos. Podemos combatir el desempleo, podemos aumentar los salarios de los trabajadores. Esto también es fortalecer la caja de la Seguridad Social».