En la carrera de ajuste fiscal que tiene encogido el ánimo a las economías occidentales, se ha introducido un malsano dogmatismo y un espíritu emulatorio que suscita peregrinas ideas encaminadas a reducir más y más rápidamente el gasto público, como si en el adelgazamiento residiera la clave de la salida de la crisis. Valga de excusa que el sector público está sobredimensionado, politizado e incontrolado. No es lo eficaz que debiera, y por lo tanto lo mejor es ponerle a hacer gimnasia para que pierda grasa, sin preocuparse de que sufra un tirón muscular o una tendinitis. Valga, también, que resulta prioritaria la contención del déficit para poder conseguir financiación a precios razonables, pero de esto a considerar que el recorte es la exclusiva base de una estrategia de salida, hay un abismo intelectual y práctico. También es comprensible esta rabiosa tendencia «jibarizante» del Estado desde una perspectiva ideológica o de lucha política, de defensa de intereses concretos o de conseguir titulares mediáticos, pero ya lo es menos desde el análisis económico y del sentido común. Sin embargo, está de moda arremeter contra todo lo que huela a gasto público, y en Andalucía no nos sustraemos a esa tendencia, tan justa en unos casos y tan oportunista en otras, correspondiendo a un movimiento pendular que está en sincronía con el ciclo económico y que resulta equivocada en lo que hace referencia a la superación de la recesión actual. Quien predique que cerrar Canal Sur o despedir a los trabajadores de las empresas públicas de la Junta es la fórmula magistral para crear empleo (¿) o para crecer económicamente, tendrá que explicarlo con algo de detenimiento. En realidad, las administraciones públicas, autonómicas incluidas, no necesitan sólo una poda, sino una regeneración. Un trasvase de fondos y recursos de actividades redundantes o improductivas a otras que apoyen y fomenten la creación de empresas y el consumo e inversión privados. La reducción es delicada sobre todo en los recursos humanos por su propio carácter y por la dificultad de atinar con el criterio justo. ¿Por qué los de las empresas públicas y no los funcionarios, cuya capacidad puede ser inferior y sus historiales de acceso tan dudosos como los de los primeros? Como en cirugía, el acceso al tumor causa destrozos y la distinción entre tejidos sanos y enfermos es una habilidad de profesionales experimentados, que no admite arbitrismos ni ocurrencias.
En su comparecencia de 5 de octubre ante la Comisión de Presupuestos del Congreso, el Gobernador del Banco de España advirtió de los riesgos de las posibles desviaciones en el objetivo de ajuste «que se puedan producir en el ámbito de las Administraciones Territoriales», reclamando cumplimiento y transparencia. Desde la izquierda radical le han acusado de meterse en camisa de once varas e incluso de cuestionar el orden constitucional. Es cierto que el gasto descentralizado se ha desmadrado, pero el cumplimiento de los objetivos de déficit público no debería significar una reducción letal de la demanda agregada, en la que el elemento público en consumo e inversión sigue siendo necesario. Mejor reajuste y austeridad, que dejar a todos en la calle y congelados. Y no por los mercados, sino por un dedo arbitrario.
