HAY derechos constitucionales que lo son por ser universales y derechos constitucionales que lo son porque así lo ha decidido una mayoría parlamentaria. Todos los ciudadanos somos iguales ante la ley, pero cuando la ley crea diferencias artificiales entre los ciudadanos en aras de una idea programática de la igualdad, las consecuencias oscilan entre la injusticia y el ridículo.
En un brillante artículo titulado «El mito de la igualdad y la violencia de género», Teresa Giménez Barbat (www.terceracultura.net) demuestra cómo el concepto de «género» es una construcción social que pretende solapar las diferencias inherentes a la naturaleza masculina y femenina. Así, la autora expone cómo los hombres «mueren siete años antes que las mujeres, componen el 93% de los que fallecen por accidentes en el trabajo, son el 85% de los sin techo, cometen suicido cuatro veces más y son los que, cuando llega el momento, van a la guerra obligatoriamente». ¿Por qué no tipificamos los accidentes laborales como accidentes de «género»?
Sin embargo, en nombre de la igualdad programática, en España un mismo delito puede ser considerado más grave en función del sexo del agresor. Por ejemplo, un crimen cometido por un hombre contra una mujer, conlleva diez años más de prisión que el perpetrado por una mujer contra un hombre. ¿Y qué pasa con los malos tratos que se infligen las parejas homosexuales? ¿Quién representa el sexo «bueno» y quién el sexo «malo» dentro de una pareja homosexual?
Por otro lado, unas estadísticas de la Federación Andaluza por la Igualdad Efectiva (Fadie) revelan la existencia de otros crímenes que también podrían ser de «género». A saber, que de los 23 niños que murieron asesinados por sus progenitores en 2010, 16 lo fueron presuntamente a manos de sus madres y sólo siete a manos de sus padres. ¿Tiene más delito el filicidio materno que el paterno? ¿Se le aplicará a las madres homicidas la misma doctrina que rige en el ámbito conyugal?
Leo que la Junta de Andalucía se propone suprimir los conciertos de los colegios concertados que no sean mixtos. Con la ley en la mano puede hacerlo y no creo que a los centros concertados les duelan prendas en renunciar a sus idearios con tal de no perder los conciertos, pero también he leído alguna opinión instando a la Junta a que obligue a todos los colegios privados a ser mixtos. Por supuesto, semejante parecer no se funda en criterios pedagógicos sino políticos, porque el fervor igualitario de algunas personas es inversamente proporcional a su aprecio por la libertad individual.
No me parecería correcto enumerar qué miembros del actual gobierno estudiaron en colegios privados masculinos y quiénes en colegios privados para señoritas, tanto bajo el franquismo como durante la democracia, pero a la vista de sus logros profesionales no considero descabellado suponer que su formación escolar ha tenido algo que ver. ¿Por qué privar a otras personas de la libertad de elección que disfrutaron sus padres e incluso ellos mismos?
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