El Gobierno ha encontrado la piedra filosofal para contener el voraz apetito de los especuladores, que diría Zapatero. Las cajas de ahorros se han convertido en la niña de azotes de todo el sistema bancario y desde que Elena Salgado anunció el plan de Reforzamiento Financiero la prima de riesgo de España se ha estabilizado a la baja en los mercados internacionales de capitales.
Algo habrán hecho las cajas, pero eso no es suficiente para legitimar el cambio de marcha pactado con el sector hace sólo unos meses. Las nuevas exigencias de capital que ahora se pretenden imponer por decreto suponen un listón prácticamente infranqueable para muchas de las entidades confederadas. La que no pueda saltar la valla tendrá que apoyarse en las muletas del Estado pero el coste del brinco será la nacionalización de su proyecto empresarial.
Hasta ahora las autoridades reguladoras habían reclamado un esfuerzo de transparencia y saneamiento que contribuyese a provisionar los activos tóxicos como punta de lanza para favorecer el tránsito a los nuevos Sistemas Institucionales de Protección (SIP) o fusiones frías acordadas el pasado año. La sorpresa ha sido que el nuevo decreto, ahora en fase de negociación, supone un giro de ciento ochenta grados que obliga a un ejercicio de capitalización por las bravas y en un plazo límite de tiempo. El Gobierno ha decidido arrojar dinero a los problemas antes incluso de haber culminado la operación de limpieza. Algo así como rociar el baño de colonia sin haber desinfectado primero las cañerías. Una solución de compromiso que quizá no sirva para desatascar el crédito en España porque el mercado financiero lo que necesita en estos momentos es más aguarrás y menos Chanel.
