LAS reformas están en el centro del debate de política económica. En la actual cacofonía reformista —donde presuntos conversos al reformismo pretenden ponerse al frente de la procesión en un ejercicio de transformismo más propio del vodevil—, resulta conveniente pararse a analizar con perspectiva los objetivos y los logros de las reformas anunciadas o puestas en marcha tanto en la UE como en España.
En Europa el esfuerzo reformista se ha centrado en el reforzamiento de los pilares del euro. Desde su inicio el proyecto del euro ha descansado sobre un Pacto de Estabilidad y Crecimiento que marcaba los límites a la política fiscal de los estados miembros, y sobre una Agenda de Lisboa que aspiraba a incrementar la competitividad de los países. Todo ello hacía del euro una moneda que proyectaba la estabilidad y la credibilidad de los mejores hacia el resto de miembros del club. Esta era su seña de identidad y su mejor virtud.
De forma sistemática estos pilares fueron socavados a partir del año 2003. El Pacto de Estabilidad fue desactivado cuando Francia y Alemania prefirieron cambiar la norma antes que aplicársela a ellos mismos con la firmeza con la que la habían diseñado para otros. La Agenda de Lisboa tuvo un lento declinar a medida que el genuino impulso reformista que le dio vida decayó en manos de una burocracia que hizo de la creación de indicadores un fin en sí mismo alejado de su papel como catalizadores del cambio.
En España el gobierno socialista también se afanó en socavar los pilares de la prosperidad y la creación de empleo. Nada más llegar al poder desactivó la ley de Estabilidad Presupuestaria y paralizó el proceso de reformas económicas, embarcándose en una espiral de gasto público.
El actual papel de las reformas es deshacer el daño causado por toda esta irresponsabilidad. Así, tras una retórica pretendidamente novedosa, lo que podemos encontrar en las propuestas comunitarias de reforma de la gobernanza económica del euro es un reforzamiento del Pacto de Estabilidad y Crecimiento con el fin de restaurar su carácter de norma vinculante para todos y en todo momento. Y los objetivos de la agenda de competitividad propuesta por la Canciller Merkel en los últimos días no distan mucho de los de la Agenda de Lisboa, aún cuando sus métodos más expeditivos «made in Germany» contrastan con el método abierto de coordinación diseñado en Lisboa. En suma, la reconducción del euro por su senda original parece ir por buen camino en la UE.
Por el contrario, los logros alcanzados por el transformismo del Gobierno español desde mayo de 2010 son decepcionantes en términos de dinamización económica y de creación de empleo. Ello no resulta extraño ya que, como consecuencia de la política negacionista del Gobierno, España se está enfrentando sola, con dos años de retraso y sin crédito internacional a la imprescindible recapitalización del sistema financiero. La decisión política de sacrificar la reforma laboral en el altar de las pensiones resulta letal tanto para la creación de empleo como para la propia sostenibilidad de las pensiones. Con un mercado de trabajo disfuncional que expulsa del empleo a toda una generación de jóvenes no resulta posible volver a hacer de España un país de oportunidades, ni tampoco alcanzar las tasas de empleo a largo plazo compatibles con la sostenibilidad de las pensiones.
Ante las reformas coexisten dos enfoques políticos muy diferentes. Aquellos que las asumen como fórmula temporal para evitar el colapso y, por el contrario, aquellos que las propugnan sin aspavientos y en toda circunstancia como fórmula política para el progreso. Sólo las reformas animadas por el genuino espíritu reformador de estos últimos será capaz de transformar la sociedad hacia un futuro de oportunidades y empleo. Por eso España necesita un nuevo proyecto político animado por un genuino espíritu reformista.
FERNANDO NAVARRETE ES ECONOMISTA
