Bien está que la ministra de Cultura, Ángeles González-Sinde, haya decidido comparecer de manera urgente en las Cortes para dar explicaciones sobre la operación judicial contra la cúpula de la SGAE. La gravedad de las acusaciones merece esa celeridad. Y también lo hace pertinente tanto que la ministra sea socia de la entidad como que dos directores generales de su Ministerio sean ex empleados de esa sociedad gestora, incluido el que tenía responsabilidad directa en la supervisión de la SGAE. Esta circunstancia quizás hacía incompatible su currículum con esa labor de custodia.