CÓRDOBA
Los más de 700 expedientes por obras ilegales que se acumulan en la Gerencia Municipal de Urbanismo y que están pendientes de su tramitación no han dejado a nadie indiferente. Mientras el gobierno justificó el atasco de sanciones por el ritmo flemático de los procedimientos burocráticos, la oposición no fue tan benevolente en su valoración. 1
El portavoz municipal del PP, José Antonio Nieto, afirmó que «seguimos estando en un descontrol absoluto en materia de disciplina urbanística que daña la credibilidad de este Ayuntamiento y perjudica gravemente el desarrollo ordenado de Córdoba».
Nieto recordó que la comisión que investigó la gestión del urbanismo desarrollado por el gobierno de IU en 2006 acordó reforzar este servicio. «Nos prometió un incremento de la plantilla que iba a estar al frente de la disciplina urbanística para acelerar la tramitación y que no hubiera impunidad de quienes incumplieran la disciplina urbanística», continuó. Sin embargo, «eso no se ha cumplido» y, por esta razón, «los responsables de la disciplina urbanística huyen de esa responsabilidad porque se han incumplido promesas», advirtió en alusión al jefe de Inspección de la Gerencia, Leopoldo Salinas, que presentó su dimisión el día 2 al presidente, Francisco Tejada, aunque hasta el pasado lunes no había sido sustituido. El principal motivo que esgrimió este técnico fue la desproporción entre el personal y el volumen de expedientes que hay que resolver, que impide atenderlos con agilidad.
El dirigente del PP explicó que «a nosotros nos preocupa y nos preocupa desde hace mucho tiempo» la situación que atraviesa este servicio. «Cuando hubo una comisión de investigación con las naves de Colecor dijimos que aquello era un caso, el más escandaloso, visible, pero uno de una larga lista de expedientes que no se tramitaban adecuadamente», señaló.
Ante esta situación, abundó el edil popular, «nos fijamos en temas escandalosos o nos quejamos de que el entorno de Medina Azahara no sea el correcto y le echamos la culpa a los vecinos». Sin embargo, para el también presidente del PP, «la culpa es de la Administración, que no es capaz de controlar esa realidad urbanística que todos conocemos».
Al cúmulo de expedientes sancionadores se refirió también en Punto Radio Francisco Tejada, pero para avalar la actuación de la Gerencia sin ningún asomo de autocrítica. «Eso significa una cosa muy importante: que el Servicio de Inspección y la Policía Local funcionan de forma muy efectiva, en el sentido de que se denuncian aquellas infracciones que se producen en la ciudad».
Retrasos «puntuales»
Para el PP, la demora en los trámites es el resultado de la falta de medios técnicos. Sin embargo, para el presidente de la Gerencia de Urbanismo, forma parte de un procedimiento administrativo que puede durar años. Según la norma, el plazo máximo para incoar un
expediente de infracción urbanística desde que se pone la denuncia es de un año. Tejada circunscribió a casos «puntuales» todos las denuncias que están tardando hasta cuatro y cinco años en resolverse, apurando al máximo el plazo que estipula la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA) para que no caduquen los expedientes o prescriba la infracción.
Sin embargo, es común ver en el Boletín Oficial de la Provincia cómo cuantiosas multas por edificaciones sin licencia en suelo rústico decaen antes de que se hayan puesto al cobro.Desde la Gerencia se desvinculó el cese del responsable de Inspección de la falta de plantilla, afirmando que sólo hay dos personas menos en su área que cuando asumió el cargo, en octubre de 2008, al tiempo que se pretextó la bajada de técnicos por la disminución de trabajo.
Críticas al PP
El portavoz municipal del PSOE, Rafael Blanco, por su parte, espera que se «cobren todas las multas y que lo que se tenga que mejorar, que se haga». En un debate de Punto Radio sobre el Plan Especial de Protección de la Sierra, aprobado la pasada semana con la abstención del PP, el edil socialista cargó contra Luis Martín, quien fuera concejal de Urbanismo con el gobierno de Rafael Merino (1995/99), al que acusó de «dejar todas las multas metidas en un cajón para el que viniera viera lo que hacía». Lo negó recordando que el PP sólo ha gobernado 4 de los 30 años de democracia municipal en la ciudad.
