LA delegación de Vivienda y Obras Públicas de la Junta de Andalucía, propietaria de las cincuenta viviendas sociales de la calle Bailén, ha realizado un estudio diagnóstico sobre las necesidades de actuación en estos pisos, como ha venido reclamando desde hace años el Ayuntamiento de Puente Genil.
Según informó en la localidad el delegado de Obras Públicas y Vivienda, Francisco García, «tras un largo periodo de seguimiento que se ha realizado de los ocupantes de esta promoción, 23 han resultado ser las familias que han sido seleccionadas para ocupar legalmente dichas viviendas». Y es que, en la actualidad, según manifestó García, «nueve de ellas están ocupadas ilegalmente y en periodo de desahucio y 16 viviendas más se encuentran ya desalojadas y en periodo de reformas». De otro lado y tras el estudio realizado una vez visitadas las casas, por parte de servicios técnicos de la Empresa Pública del Suelo Andaluz (EPSA), se ha concluido que «en cuanto a lo material, en la actualidad estamos reformando viviendas con desperfectos para dejarlas en condiciones y poder adjudicárselas a familias ya seleccionadas». Por otro lado, según especificó el delegado de Obras Públicas y Vivienda, están llevando a cabo también «un proyecto para hacer mejorar el aspecto de los funcionamientos y espacios comunes de esta promoción». Éstas son las soluciones que plantea Vivienda para recuperar la paz social del querido y castizo barrio de Miragenil, castigado por unos pisos con aspecto carcelario que se han ido traspasando de forma ilegal, creando un gueto de conflictos que tiene atemorizado al resto de la vecindad.
Primer tabicado
Ahora están abiertos 13 expedientes de desahucio, pero no se ha llegado a ejecutar ninguno, ya que están a la espera de resolución judicial. Lo que sí ha llevado a cabo la Policía Local, es el primer tabicado en una vivienda de la calle Bailén para evitar que se produzcan nuevas ocupaciones ilegales. En los
últimos meses, la zona de la calle Bailén se ha convertido en uno de los principales focos de actuación de la Policía de Puente Genil. Hasta la fecha están abiertos más de diez expedientes, todos ellos contra medio centenar de ciudadanos rumanos que han ocupado estas viviendas, en algunos casos tras serles realquiladas por reclusos que actualmente cumplen condena en la cárcel.
