La consejera de Obras Públicas de la Junta de Andalucía, Rosa Aguilar, evitó ayer discrepar con el regidor o con su delegado en Córdoba acerca del plan propuesto por el Consistorio para dar visos de legalidad a las naves de Colecor, edificadas sin licencia por el constructor Rafael Gómez cuando ella era alcaldesa de la ciudad. «Yo no voy a entrar a confrontar con lo que haya dicho o no el alcalde en términos de informe preceptivo o vinculante», aseguró cuando los periodistas le preguntaron por las declaraciones de Andrés Ocaña, que la semana pasada advirtió de que el documento de la Junta no obliga al Ayuntamiento a cambiar su plan. Éste prevé legalizarlas con el derribo de 15.000 metros cuadrados de los más de 40.000 que tienen de las instalaciones tras ampliar el uso industrial.
Al término de la asamblea general de la Confederación de Empresarios (CECO), Aguilar señaló también que será «absolutamente respetuosa con mi delegado provincial de Córdoba y con el resto de mis delegados en aquello que es propiamente de su competencia». Preguntada sobre la superficie a derribar o sobre el hecho de que el PSOE haya predeterminado que 15.000 metros es una cuantía suficiente para «pasar página» a esta patata caliente de su anterior mandato municipal, la consejera no se salió del mismo guión, evitando siempre entrar al fondo de la cuestión.
«El Ayuntamiento ha hecho una propuesta, la Junta ha de estudiarla e informarla, y eso va a hacer», recalcó. Eso sí, garantizó, como corresponde, que se aplicará la ley y que por parte de la Administración, al menos, «habrá lealtad, rigor y responsabilidad».
Aguilar afirmó que «no tengo conocimiento» de «ninguna propuesta formal» para que las naves se conviertan en el futuro recinto ferial de Córdoba, al menos «en estos momentos». Por su parte, el líder de CECO, Luis Carreto, aseguró que desde la patronal «aceptaremos sin más» lo que acuerde el Ayuntamiento sobre los usos y la superficie a demoler.
