La falta de un centro de congresos de gran capacidad priva a la ciudad de una fuente inagotable de oportunidades e ingresos. Según los cálculos que realiza la Organización de Profesionales de Congresos de España, Córdoba no ha podido acoger al menos una decena de convenciones nacionales de primer nivel por carecer de un equipamiento adecuado.
Echando mano de la calculadora, la pérdida económica se estima en alrededor de 8,1 millones de euros, si se tiene en cuenta que cada congreso de gran envergadura cuenta de media con un millar de asistentes, que pasan un promedio de 2,7 días en la ciudad gastando cerca de 300 euros por jornada. Empresarios turísticos no se han cansado de pedir celeridad a las instituciones para desbloquear el proyecto. El presidente de la Asociación de Organizadores Profesionales de Congresos (OPC) de Andalucía, Vicente Serrano, verbalizó esta preocupación el pasado mes de marzo cuando se confesó «aburrido» por el retraso del complejo previsto en Miraflores, que empezó a gestarse hace 9 años en un concurso internacional de ideas que ganó el arquitecto holandés Rem Koolhaas. «No es de recibo que llevemos diez años a la espera de una infraestructura tan vital para Córdoba y su provincia», afirmó.
La factura que hay que pagar por carecer del Centro de Congresos, en efecto, es elevada, según los cálculos del sector, aunque menos de la que tendrá que abonar el Ayuntamiento para desatascar las obras. El consejo rector de Urbanismo prevé aprobar hoy el proyecto de ejecución que ha elaborado la oficina del arquitecto. Cumplirá con este trámite cuando han pasado ocho meses de que los redactores remitieran a la Gerencia de Urbanismo el proyecto modificado para abaratar su construcción, que costará unos 68 millones de euros.
De esta cuantía, el Ayuntamiento deberá abonar al menos 41, un 60 por ciento. Otros 18 llegarán de la Junta y el resto del Ministerio de Industria. Finalmente, el Ministerio de Fomento ha descartado que el Consistorio
pueda destinar a financiar el proyecto los 7,4 millones comprometidos para comprar parte de los suelos afectados por la ampliación de la pista del aeropuerto.
El edil de Urbanismo, Francisco Tejada, confirmó el pasado lunes que la Abogacía del Estado planteó la «imposibilidad» de que Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (AENA) renunciara a una «aportación prevista en un convenio marco». El Consistorio pactó sufragar en torno al 18 por ciento del valor del suelo.
Pese a todo, el gobierno municipal estima que la actuación es «asumible» para las arcas locales, que están sometidas a un estricto plan de saneamiento que ha obligado a reducir las inversiones para frenar la deuda.
Dudas del PP
En principio, Urbanismo no tendrá problemas para aprobar hoy el proyecto, toda vez que cuenta con el plácet de su socio de gobierno, el PSOE. Por su parte, el PP condicionó su apoyo al proyecto a tener garantías de su «viabilidad económica y seguridad jurídica», según ha indicado el portavoz municipal de este grupo, José Antonio Nieto.
Una empresa externa que ha realizado un informe para la Gerencia, Centro de Estudios de Materiales y Control de Obra, cobrará por supervisar «la eficiente ejecución del proyecto», como figura en el expediente del proyecto básico del edificio diseñado por Koolhaas.
