El consejo de Urbanismo aprobó ayer, con los votos a favor de PSOE e IU y la abstención del PP, el proyecto de ejecución del Centro de Congresos. Este paso que debía ser decisivo para este equipamiento, cuya primera piedra llegó a anunciarse para febrero de 2003, no tiene «pilares» sobre los que asentarse, pues no tiene cerrada su financiación ni definido su modelo de gestión, clave, a su vez, para saber qué dinero debe poner el Consistorio.
Las prisas del cogobierno se entienden si se recuerda que se le agotaba el tiempo. Según su contrato con el estudio del prestigioso arquitecto Rem Koolhaas, autor del diseño del Centro de Congresos, el proyecto de ejecución debía tener el visto bueno de Urbanismo el 10 de julio como muy tarde. Así, dio luz verde a un complejo cuyo presupuesto es de 68 millones. De ellos, asi 58 corresponden a su coste y 10,4 al IVA. El Consistorio ha aprobado este importe sin tener cerrada la financiación. Ésta se repartiría de la siguiente forma: el Ayuntamiento pondría 41 millones —un 60% de los 68—; la Junta, 18; y el Ministerio de Industria, 9. Pero, aunque el Gobierno regional anunció en 2008 que su aportación sería la reseñada, el Consistorio aún no ha logrado firmar un convenio que ratifique esa contribución.
En cuanto al Gobierno central, el año que viene se debe cerrar un compromiso on Industria por valor de 3,5 millones que tiene pendientes. Además, en estos tiempos de «tijeretazo» del gasto público, sin duda, es una inquietud tener abiertos esos dos frentes en la financiación.
Dudas con la gestión
El Consistorio saca «pecho» diciendo que puede afrontar su parte del proyecto, pese a la delicadísima situación de sus arcas. Pero, lo cierto es que hace equilibrios para bajar la factura casi tan imposibles como los que logra Koolhaas en sus edificios.
Así, por un lado, cruza los dedos para que la adjudicataria de la obra rebaje
significativamente los asi 58 millones de coste. Y, por otro lado, cuenta con poder descontarse los 10,4 millones de IVA. De esa forma dejaría su aportación en torno a 31 millones. Pero, el Ministerio de Hacienda le ha avisado de que, para eso, el Centro de Congresos deberá ser gestionado desde lo público.
Y ni eso tienen claro en Capitulares. Precisamente, ayer se constituyó la comisión municipal que debe proponer al Pleno una fórmula de administración del complejo. Tras su creación, el alcalde, Andrés Ocaña, aseguró que «nuestra apuesta, de partida, es que sea una gestión pública».
Luego, inmediatamente reconoció que dicha comisión, que tiene integrantes políticos, si bien se ha encargado el grueso del trabajo a los técnicos, analizará también las fórmulas de gestión público-privada o exclusivamente privada. No en vano, recordó el primer edil, el objetivo del órgano recién constituido es que «estudie los flujos de ingresos y los gastos necesarios para que el Centro de Congresos esté operativo y habrá que ver si hay desequilibrio financiero. Si lo hay, habrá que ver cómo se cubre».
Pero, ¿acataría el cogobierno municipal un informe técnico que le recomendara una administración público-privada o exclusivamente privada? De la respuesta depende que Hacienda exima al Ayuntamiento de los 10,4 millones del IVA. El edil de Urbanismo, Francisco Tejada, se negó a contestar esta cuestión.
El Consistorio debe calibrar su decisión, pues, a la larga, ahorrarse esos 10,4 millones del IVA puede ser calamitoso. La explotación de palacios de congresos suele ser una actividad deficitaria.
Esta comisión, según se conoció ayer, tendrá una duración de tres meses prolongables a otro trimestre más. Tejada indicó que la licitación de las obras del Centro de Congresos no se hará hasta que este órgano no concluya su labor.
Pese a que el jueves el primer teniente de alcalde, Rafael Blanco, apuntó a primeros de 2011 para el inicio de las obras, el edil de Urbanismo no
quiso confirmarlo. Constató el mar de dudas en medio del que navega este equipamiento, cuyo proyecto de ejecución se aprobó ayer por segunda vez. La primera fue en octubre de 2005, cuando lo iba a ejecutar y a explotar, como compensación, Ferrovial, pero el coste se disparó a 171 millones y esta empresa tiró la toalla.
Ahora, Urbanismo ha pagado casi 21.000 euros a una firma externa para que le asegurara que el diseño de Koolhaas se puede ejecutar sin modificaciones que desvíen al alza el presupuesto.
