L. ZARZA
CÓRDOBA
Las primeras reacciones al expediente informativo que ha abierto el Banco de España a los dos últimos consejos de administración de Cajasur no se han hecho esperar. Reina entre los que han hablado la tranquilidad, en el terreno personal, y la normalidad, si valoran el proceso en cuestión. «Era casi de esperar que hubiese un expediente para aclarar» los hechos que llevaron al Banco de España a intervenir la caja cordobesa y, posteriormente, subastarla, aseguró ayer el que fuera vicepresidente primero del último consejo, Salvador Blanco, en la tertulia política de Protagonistas de Punto Radio. 1
El expediente se basa en dos momentos históricos de la caja, según Blanco, uno es la inspección que hace el órgano supervisor a Cajasur en 2004, y que terminó con una sanción en 2006 para el entonces presidente, directores generales y consejeros del mismo. En esta parte «quedan algunos flecos por cerrar todavía», apostilló Blanco. El otro punto del expediente sería el incumplimiento del plan de actuación que se refiere al proceso de fusión con Unicaja, y que «supone una falta grave». Blanco manifestó en este sentido que habrá que esperar para ver si el expediente deriva en sanciones. Llegado este caso, el ex vicepresidente primero tiene claro que los culpables, de que Cajasur tuviera que ser intervenida y subastada y que los dos últimos consejos de administración de la entidad de ahorros tengan un expediente abierto, son la Iglesia y los impositores, es decir, «los once miembros del consejo que votaron en contra de la fusión con Unicaja», y, por tanto, rechazaron el requerimiento del Banco de España de sacar a la caja cordobesa de su maltrecha situación económica.
Juan Ojeda, que ocupó la tercera vicepresidencia en el último consejo, también opinó sobre el proceso abierto por el Banco de España y destacó la labor informativa del documento. «Estoy tranquilo porque voté a favor de los requerimientos que hacía el Banco de España y advertí que no seguirlos suponía un incumplimiento grave. Las actas están ahí y las tiene el órgano supervisor, por lo que mi conciencia está tranquila». Andrés Hens, que también reza en el expediente como vocal, aseguró que es un «proceso lógico» ante los hechos acontecidos en los últimos meses, sobre los que «hay que ver si procede depurar responsabilidades».
Silencio eclesiástico
En el PP de Córdoba, recordaron que el penúltimo consejo ya vio su labor «evaluada y sancionada en 2006». Dos de los implicados —el concejal popular en el Ayuntamiento Luis Martín y el portavoz popular, José Antonio Nieto— aseguraron que no les preocupa y que están muy «tranquilos»; sobre todo porque «esa actuación ya fue evaluada y terminó con una sanción económica».
Martín y Nieto van a estudiar el nuevo expediente y presentarán alegaciones al mismo, pues consideraron que no es entendible, «ni desde el punto de vista jurídico, ni tampoco por mero sentido común», que se les abra ahora un expediente «cinco años después», en base a «las decisiones de un consejo de administración que ya se investigó y resolvió» en 2006.
Por su parte, la Iglesia declina hacer declaraciones sobre el tema. El actual presidente del Cabildo Catedralicio (entidad fundadora de Cajasur), Manuel Pérez Moya, vocal en el último consejo, manifestó que no ha recibido «ni el expediente ni tan siquiera una nota», por lo que no quiso entrar a valorar los hechos que le atañen tanto a él como a varios miembros de su comunidad.
