¿Cuánto cuesta un juicio de violencia sobre la mujer que en el 80% de los casos se queda en saco roto porque la víctima se niega a declarar y el fiscal se queda sin prueba de cargo? La otra opción mayoritaria es que el acusado admite su culpa y es condenado a unas horas de trabajo en beneficio a la comunidad, que en un alto porcentaje no se cumplen y al año prescribe la pena sin que se haya ejecutado por culpa de las instituciones. La respuesta, dependiendo de casa caso, es que ronda los 6.000 euros de media, sin que llegue a la Audiencia Provincial, según estimaciones de ABC a partir de fuentes judiciales.
No es un asunto baladí. Un caso tipo de violencia sobre la mujer medio como el que ha analizado ABC procedente del Juzgado de lo Penal número 5 y que tiene una sentencia de conformidad en la que el acusado es condenado a una pena de 40 días de trabajo en beneficio de la comunidad por un delito de malos tratos pasa al menos por más de medio centenar de profesionales entre policías, forenses, jueces o abogados de guardia.
El caso de violencia de género que ha sido analizado por ABC arranca con la denuncia de la presunta víctima ante la Policía Nacional. La declaración dura unas dos horas y participan dos agentes de la policía nacional. Seguidamente, otros dos agentes se disponen a detener al presunto autor de los malos tratos. Estos pasos cuestan unos 120 euros de salario de estos policías sin contar otros intervinientes secundarios ni el uso de las instalaciones o vehículos policiales.
A continuación, se envía al detenido al Juzgado de Instrucción, durante otras dos horas, prestará declaración y estará acompañado por dos policías, lo que supone un gasto de otros 60 euros. Suma y sigue.
Si la víctima o el presunto agresor han solicitado un abogado de oficio, esto conlleva de entrada un gasto de 140 euros a la Junta. Si el procedimiento pasa a ser abreviado y concluye con sentencia de conformidad, antes o en el acto del juicio, a esta cifra hay que sumarle otros 224 euros, mientras que si no hay acuerdo, la cuantía se elevaría a 280 euros.
Eso sin contar con que, previamente, al juez instructor el abogado de oficio le solicite una comparecencia por orden de protección a la víctima, lo que añadiría otros 89 euros más sólo de un letrado, lo que habría que multiplicar por dos en caso de que víctima y agresor lo requiriesen, según fuentes del Colegio de Abogados.
Habría que sumar además, las dos horas que dedicaría el fiscal de Violencia de Género a elaborar la calificación provisional de los hechos, eso si no tiene además que tomar declaración a los protagonistas al tratarse de un juicio rápido. Estas cifras oscilan entre 48 y 72 euros sólo de honorarios, según informan a ABC fuentes de Fiscalía.
Gastos policiales
Por otro lado, la Policía Nacional sigue sus pesquisas y después de que un agente y un inspector realicen una valoración del riesgo de sufrir una nueva agresión pide a la Guardia Civil informes sobre el registro de maltratadores. En este proceso participan al menos dos agentes de la Policía Nacional, otros dos de la Benemérita así como el equipo que trabaja con el registro. Con un cálculo aproximado de más de 300 euros sólo por una hora de intervención de cada uno de los agentes participantes.
Al día siguiente de la declaración en este caso, otros dos policías nacionales realizan diligencias junto a la Policía Local, lo que les lleva al menos una hora, con un gasto aproximado en cuatro agentes de 100 euros.
La elaboración del informe pertinente por parte de la Guardia Civil no está contabilizada pero podrían suponer en torno a 300 euros en personal dependiendo de cuántos intervienen. Esto sin contar con el informe del médico forense que supondría más de una hora, dependiendo del caso, lo que habría que sumar otros 200 euros.
En total, cuando la causa llega al Juzgado de Instrucción ya tiene 47 folios escritos, y aún falta la intervención del juez, que aproximadamente gana a la hora 35 euros, y que podría llevarle varias tanto en el acto de juicio como en la redacción de la sentencia. En este caso, al ser conformidad, el secretario redacta los términos del acuerdo por lo que el acusado acepta una pena de 40 días de trabajo en beneficio de la comunidad. Los honorarios del secretario, que emplea unas dos horas, ascenderían a 60. A esto hay que sumar los gastos de las salas judiciales, mantenimiento, papel, gastos del personal de administración y un caso más que quedará masificando aún más los juzgados de lo Penal, de por sí colapsados, hasta que dentro de un año, se ejecute la pena o prescriba. Más gastos, ya que los funcionarios tienen que redactar los anuncios, enviarlos fuera si es exhorto, llamadas de teléfono...
Sin embargo, el mayor gasto, según las fuentes judiciales, es el moral al comprobar que en la mayoría de los casos la mujer se niega a declarar y todo queda en agua de borrajas.
