Agotada la vía judicial, el gobierno municipal anunció ayer que utilizará todos los resortes legales a su alcance para evitar que la anulación de las ordenanzas fiscales de 2001 ratificada por el Tribunal Supremo (TS) —rechazando así el recurso de casación interpuesto por el Ayuntamiento contra la sentencia del TSJA— perjudique a las maltrechas arcas municipales. El delegado de Hacienda, Alfonso Igualada, indicó ayer que el Consistorio acatará la resolución del Supremo, ante la que no cabe ningún tipo de recurso. Los servicios jurídicos municipales comenzaron ayer a estudiar la sentencia y sus posibles consecuencias. El edil apuntó que una de las posibilidades es que la anulación de las ordenanzas fiscales de 2001 no suponga en ningún caso la devolución de ninguna cantidad a los contribuyentes. Igualada puso el ejemplo de otros Ayuntamientos, como son el caso de Salamanca y el de Arévalo (Ávila), que recientemente se han enfrentado a sentencias similares y finalmente no han devuelto nada de los recibos cobrados indebidamente.
Hay liquidez
El edil de IU se amparó en el artículo 19.2 de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, donde se hace referencia a que los actos administrativos aplicados indebidamente según una sentencia no se anulan, salvo que la resolución judicial diga expresamente lo contrario. En este sentido, el responsable municipal de Hacienda indicó que para que se produjera la devolución del dinero cobrado ilegalmente las 230 personas que presentaron una alegación a aquel expediente debían haber impugnado los recibos de impuestos en lugar de pagarlos. A pesar de estas palabras, Igualada aclaró que no estaba realizando ninguna invitación a la insumisión fiscal a la ciudadanía.
No obstante, desde el gobierno municipal aún no se ha tomado ninguna decisión a este respecto. «Si hay que devolver el dinero, lo haremos, ya que no tenemos problemas de liquidez», afirmó el concejal de IU. Una opinión muy diferente sobre la decisión del Supremo es la que mantienen en las filas del PP. El concejal popular José María Bellido informó de que su grupo solicitará en el Pleno del próximo miércoles que el Ayuntamiento devuelva «de oficio» a los contribuyentes de la ciudad «todos los recibos que se giraron ilegalmente».
Lo que no queda claro, a su juicio, en la resolución del TS es si las cantidades a reintegrar se refieren a la totalidad de los impuestos cobrados o sólo al porcentaje de subida aprobado (el 3,7%). El PP pedirá un informe que aclare este punto, aunque la opinión de los populares es que la segunda posibilidad es la válida.
Una barbaridad
En ese caso, la oposición calculó que el dinero a devolver rondaría entre los cinco y los seis millones de euros, una estimación que Igualada calificó de «barbaridad». Para hacer frente a este gasto imprevisto, los populares pedirán en el citado Pleno que se apruebe una modificación del presupuesto de este año para incluir este desembolso. Desde el PP se puso especial énfasis en el hecho de que la decisión del Supremo es un varapalo más a las malheridas cuentas de Capitulares. «En el peor momento de las arcas municipales, aparece esta sentencia que supone su puntilla», resaltó el viceportavoz municipal popular, Miguel Ángel Torrico, quien agregó que «la situación financiera del Ayuntamiento quedará muy delicada». Igualada negó que la salud económica del Consistorio esté tan mal y cargó directamente contra los populares. «El PP debería dejar de crear alarma social con declaraciones de taberna y fijarse en otros Ayuntamientos donde gobiernan ellos, como Madrid, Marbella o Granada, en los que sí hay problemas financieros», dijo.
Para el PP, hay un culpable claro del batacazo que supone la resolución del TS: el responsable municipal de Hacienda en 2001 y actual teniente de alcalde de Urbanismo, Francisco Tejada. En virtud de estos hechos, los populares reclamaron ayer que Tejada presente su dimisión, una petición que harán oficialmente en el Pleno de la próxima semana. Igualada calificó de «brindis al sol» esta solicitud y reclamó a Ricardo Rojas que deje su acta de concejal, ya que le acusó de hacer perder más de tres millones de euros a las arcas municipales cuando era el concejal de Hacienda.
