El «caso Brugal» de escuchas sobre posibles partidos comprados por el Hércules lejos de haberse cerrado parece más vivo que nunca y ayer mismo dio un giro inesperado. Y es que la Abogacía del Estado se ha personado en las diligencias penales, archivadas hace unos días por el juez de instrucción de Alicante, De la Fuente Yanes, por lo que el Consejo Superior de Deportes tendrá acceso a las escuchas telefónicas que el magistrado había rechazado enviarles.
El CSD tiene ahora, por lo tanto, una base probatoria o iniciaria para abrir un proceso que desemboque en una sanción al club alicantino, y probablemente también al portero del Córdoba CF, Raúl Navas, así como a los jugadores herculanos Tote y Abraham Paz, tal y como adelantó La Verdad de Alicante. Según fuentes jurídicas consultadas por dicha publicación, los organismos deportivos podrían utilizar esas grabaciones para, entre otras cosas, sancionar al Hércules en la vía administrativa, mientras que los jugadores mencionados también sufrirían su castigo en caso de demostrarse su implicación.
Decisión definitiva
En este caso, sería el CSD, como instancia máxima e institución que rige el deporte en España, quien tomaría una definitiva decisión en cuanto a la permanencia o no en Primera del Hércules y, en caso de descenderlo, el Betis sería el beneficiado, porque ocuparía la plaza alicantina. Las horas en este asunto corren muy rápido, porque la competición comienza el fin de semana del 28 y 29 de agosto, y lo normal es que cualquier resolución tomada por el Consejo Superior se conozca antes de dar el banderazo de salida a la Liga.
El detonante de la nueva situación fue la publicación ayer de nuevas transcripciones de conversaciones telefónicas y de cruces de mensajes SMS entre el máximo accionista del Hércules, Enrique Ortiz, y el ex bético Tote, que tuvieron enormes repercusiones en Alicante, Sevilla, Cádiz y Córdoba.
De un lado, el propio Tote empezó a guardar silencio tras lanzar el reto de que se investigara el caso. Por otro, su club emitió un comunicado insistiendo en su inocencia y en su comportamiento de «respeto riguroso a las reglas de la competición» durante la pasada Liga, al tiempo que esbozó sus primeros movimientos de defensa recordando la buena valoración que obtuvo en las crónicas periodísticas la actuación de Navas en el partido que su equipo perdió por 4-0 y para el que, presuntamente, habría recibido 100.000 euros de Ortiz para asegurar la derrota cordobesista. Asimismo, la entidad herculana anunció la contratación del presidente de la Asociación Española de Derecho Deportivo, Gabriel Real Ferrer para que le asista en este conflicto.
