M. CAMACHO

MÁLAGA. La Fiscalía de Málaga ha pedido tres años de cárcel para el presidente y consejero delegado de la entidad Labaro, Julio Mateo Cardiel, por plagiar un proyecto de ejecución en la localidad de Estepona, valorado por la acusación en 60 millones de euros. También solicita un año de cárcel para dos arquitectos por un delito contra la propiedad intelectual.

El representante del Ministerio Público explica que Francisco Valero, a través de una sociedad instrumental, concertó con la entidad Promociones y Obras S.A. (Procasa), en junio de 2000, la realización de un estudio básico, proyecto ejecutivo y dirección de obra de una primera fase en la urbanización denominada Costa Galera, en Estepona. Según el escrito, sólo se autorizaba a la entidad contratante, por una sola vez, la realización del proyecto de Valero, reservándose éste los derechos inherentes a la propiedad intelectual.

Se apropió de ideas ajenas

Posteriormente, Procasa vendió los terrenos donde iba a plasmar la promoción, a la entidad Labaro S.A., cuyo administrador único por entonces y luego presidente y consejero delegado era Julio Mateo Cardiel. Además, entregó la documentación técnica a la nueva empresa con las ideas de Valero.

El autor del proyecto y los acusados no se pusieron de acuerdo en cuanto a los honorarios, valorados por el abogado José María López Coira en 60 millones de euros. El letrado señaló que esta cantidad responde al plagio y a los daños morales. Según el fiscal, el autor de los proyectos dejó de percibir la cantidad de 661.113 euros por la actividad ilegal desplegada por los acusados en las tres primeras fases de Costa Galera y 83.800 euros por la cuarta fase del proyecto.

El Juzgado de Instrucción número dos de Málaga acordó la apertura de juicio oral contra los acusados por un delito contra la propiedad intelectual, al tiempo que pide una fianza de 775.000 euros para asegurar las responsabilidades pecuniarias y 85.000 euros a Labaro.

El abogado de Labaro, Antonio del Caz Moreno, afirmó que ha trasladado a la Fiscalía la sentencia del procedimiento civil para que la estudie y resuelva antes de la apertura del juicio oral, previsto para principios de año.