La investigación judicial que llevó la semana pasada a cerrar cautelarmente los macroprostíbulos Saratoga y Riviera de Castelldefels (Barcelona) y mandar a dos de sus propietarios a la cárcel se centró ayer en la toma de declaraciones de los agentes o ex agentes de la Policía Nacional imputados en la causa, cuatro hasta ahora, a los que se acusa de aceptar sobornos de los burdeles a cambio de favorecerles con acciones como avisarles de redadas policiales para detectar inmigrantes irregulares.
El primero en comparecer ante la titular del Juzgado de Instrucción número 33 de Barcelona, Elisabeth Castelló, fue el ex jefe de la Unidad Contra Redes, Inmigración Ilegal y Falsedades documentales (Ucrif) de la Policía Nacional en Barcelona, el ex inspector Andrés O., que fue detenido anteayer y que actualmente trabaja en la seguridad privada. El fiscal pidió para él prisión sin fianza.
Tras Andrés O. declaró su sucesor y actual director jefe de la Ucrif en Barcelona, el inspector Abundio N., para quien el fiscal reclamó prisión eludible con una fianza de 5.000 euros, según fuentes del caso. Ambos agentes están acusados entre otros de los delitos de cohecho y revelación de secretos y conocerán hoy la decisión de la juez sobre su futuro procesal.
También declararon un agente ahora destinado en la Ucrif de Alicante, José María M., y un ex subinspector de la Ucrif de Barcelona, Ignacio L., que quedaron en libertad con los mismos cargos que los otros agentes.
