El Gobierno ha decidido actuar para evitar que la falta de almacenes obligue a las cooperativas a desprenderse de la cosecha cerealista provocando distorsiones en la oferta. Para ello, ha mandatado al Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA) para que suscriba un convenio de colaboración con la Junta de Andalucía y la Confederación de Cooperativas Agrarias de España para que éstas puedan usar los silos vacíos en la comunidad autónoma.
La resolución del Ministerio a la que ha tenido acceso ABC estará vigente hasta diciembre de 2015 y supone poner a disposición de las cooperativas la red básica de almacenamiento público, que en el caso de Andalucía supone liberar una capacidad de 189.250 toneladas distribuidas entre doce silos, tres de ellos en la provincia: el de El Carpio y el ubicado junto a la estación de Valchillón (ubicada en la capital cordobesa), con una capacidad de 20.000 toneladas cada uno y que pueden entrar en funcionamiento con carácter inmediato, y el de Santa Cruz, de 7.500 toneladas, que precisa de algunas reformas y cuyo coste correría a cargo de la beneficiaria.
Situación deficitaria
Para adoptar esta decisión ha sido necesario admitir lagunas generadas por «la situación de la producción y del mercado de cereales en España netamente deficitaria, lo que significa la necesidad de regular la cosecha para su comercialización a lo largo de la campaña». Asimismo, se reconoce que no existe suficiente capacidad de almacenamiento y que eso obliga a las cooperativas «a vender una parte importante de la producción a terceros con mayor capacidad, lo que colabora en la distorsión de la oferta».
La idea es que las cooperativas gestionen parte de la red de almacenamiento público, «evitando que se acumule en exceso la oferta en los inicios de la campaña».
Comisión de seguimiento
Para coordinar a todas las partes, el convenio contempla la creación de una comisión de seguimiento que será la que emita un informe sobre las solicitudes.
Por parte de las cooperativas, éstas se comprometen a suscribir un seguro para cubrir posibles daños en las instalaciones; a responsabilizarse del personal; a pagar los impuestos y tasas que correspondan y a costear las obras de adaptación.
Instalaciones como las de El Carpio y Valchillón podrán usarse durante dos años prorrogables por un periodo igual. En el caso del silo de de Santa Cruz, el plazo se adaptará al tiempo necesario para la amortización de las mejoras realizadas.
Aunque el convenio caduca en 2015, las partes firmantes del acuerdo han pactado que pueda prorrogarse cada año si las condiciones del mercado cerealista así lo aconsejan.
