Más de 300 reclusos extranjeros cumplen condena en el centro penitenciario de Córdoba. La cifra casi quintuplica a la registrada hace ocho años, cuando el número de reos de otras nacionalidades apenas llegaba a 72, según informaron a este periódico fuentes sindicales. Así, representan en la actualidad el 18 por ciento del total de internos, que ascienden a más de 1.700.
Los portavoces gubernamentales ya han manifestado su preocupación ante este crecimiento exponencial, que se está produciendo en todas las cárceles españolas.
De hecho, a comienzos de año, y ante la inminente reforma de la Ley de Extranjería, el ministerio del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, manifestó a Instituciones Penitenciarias la necesidad de reducir el número de extranjeros en prisiones.
Para ello, es necesario solicitar al país de origen del reo su extradición, un trámite que no resulta nada sencillo.
Suele ser común la falta de colaboración del país receptor, lo que dificulta que la medida se cumpla. En otras ocasiones, los representantes legales de los presos, sobre todo de aquellos que proceden de un país con un régimen dictatorial, argumentan que en las prisiones de estos lugares se vulneran los derechos humanos. De esta forma, consiguen evitar o retrasar la entrega del reo.
Según fuentes de Instituciones Penitenciarias, los presos a los que más cuesta enviar a su país de origen son los rumanos, los albano-kosovares y los colombianos, si bien en las cárceles andaluzas priman en número los internos marroquíes.
A nivel nacional, los reclusos extranjeros ascienden a 27.067 internos, representando un 35 por ciento del total (76.700 internos), según el último informe de la la Agrupación de los Cuerpos de la Administración de Instituciones Penitenciarias, Acaip.
Apretados entre rejas
Esta situación viene a complicar aún más la problemática del hacinamiento en la prisión cordobesa, un centro que
fue concebido inicialmente para albergar a 1.008 internos, y que ha alcanzado ocupaciones punta en distintas épocas hasta llegar el pasado mes de mayo a los 1.884 reclusos, si bien en la actualidad rondan los 1.700.
La situación, según Acaip y el resto de sindicatos, va en perjuicio de las medidas de control necesarias, y atenta contra el derecho a la reinserción de los reos, «a los que nos resulta materialmente imposible atender adecuadamente para garantizar su seguridad y su reintegración social».
En este sentido, hay ocasiones en las que «hay sólo dos trabajadores para vigilar a 140 presos».
Como consecuencia de la masificación y la falta de medios y personal, las agresiones entre internos y a funcionarios son cada vez más frecuentes.
En lo que va de año, se han registrado en el centro casi una treintena de casos —8 ataques a empleados públicos y 21 entre los reos—, según Acaip. Todas y cada una de las agresiones han supuesto el aislamiento del o los responsables.
Así, entre los casos más significativos de atentados contra trabajadores del complejo, cabe recordar el acaecido el 15 de marzo, cuando tres funcionarios fueron brutalmente agredidos por un interno muy peligroso y conflictivo.
Los empleados, que resultaron con contusiones y hematomas, tuvieron que ser trasladados al Hospital Reina Sofía.
