La flamante Ley del Agua andaluza, que a mediados de la semana pasada salió publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) casi al mismo tiempo que la Ley de la Dehesa, nace con el más absoluto rechazo de los regantes y las organizaciones agrarias y con la amenaza de un recurso, que será inmediato o algo más tardío dependiendo de cómo se vayan desarrollando los acontecimientos.
El primer punto en común en el que coinciden todos los cuestionados por este diario es que «rompe con la unidad de cuencas» en la gestión de este bien tan escaso, de la que España fue pionera desde 1926 con la creación de las confederaciones y que ahora está imponiendo la UE al resto de Estados miembros con la normativa marco. «Es un paso atrás bastante importante, que supone, además, una ruptura por parte de la Junta con el Acuerdo Andaluz del Agua que la propia Administración firmó», sentenció Rafael Navas, secretario general de Asaja-Córdoba.
Y no sólo por eso. A partir de ahora, van a ser los delegados de Medio Ambiente de cada provincia los responsables del agua, «con lo que se pasa de una gestión técnica que dio muy buenos resultados a lo largo del siglo pasado, pasando del millón de hectáreas a principios del XX hasta los 3,4 millones de finales, a otra meramente política», advirtió, por su parte Andrés del Campo, presidente de la Asociación de Regantes del Guadalmellato y de la Federación Nacional de Regantes.
En su opinión, este punto resulta harto peligroso, entre otras cuestiones, porque da a entender que el propietario de un bien que antes era universal «ya no son todos los españoles, sino aquél que la tenga más cerca». Y esa provincialización de la gestión, en palabras de Del Campo, puede llegar a suponer «toda una guerra en periodos de sequía» entre comunidades autónomas que compartan una misma cuenca —como es el caso del Guadalquivir—, entre las diferentes provincias de una misma comunidad o, ya más a pie del terruño, entre los propios regantes.
De hecho, Andrés del Campo estimó que se romperá el principio de solidaridad que debe de regir en materia del agua, ya que «será imposible realizar una planificación a nivel nacional o llevar a cabo trasvases entre cuencas de zonas con abundancia a otras con escaseces y que la técnica ahora nos permite realizar perfectamente». No en balde, Castilla-León, siguiendo el ejemplo andaluz, ya está reclamando competencias sobre el Duero, y «de ahí a que el resto de comunidades, amparándose en sus estatutos, lo hagan hay sólo un paso».
De igual modo, la Ley va a encarecer la gestión, al haber una duplicidad administrativa, ya que, según Del Campo, «siguen existiendo las confederaciones, mientras que aquí habrá un ente aún sin nombre, aunando la Agencia Andaluza del Agua y Egmasa, que hará lo propio, con lo que se requerirán de más funcionarios». Una cuestión que, además, lleva implícita «la descoordinación entre los diferentes responsables provinciales que lo acabarán pagando los usuarios».
Para Rafael Navas, además, se da a entender que habrá un incremento de impuestos para los regantes, «en función de las necesidades de cada momento que no podemos calcular».
