El caso de las «listas negras» de Radio Taxi en Córdoba va a seguir trayendo cola, después de que el presidente del gremio, Miguel Ruano, anunciara que prevé demandar judicialmente a aquellos clientes que dejen colgado un servicio. Facua-Consumidores en Acción consideró ayer que se trataría de una medida «justa, siempre y cuando se aplique la legalidad», al tiempo que lamentó la pasividad del Ayuntamiento en este conflicto, a raíz de la denuncia que hizo esta organización por el registro de usuarios morosos.
Según el presidente de esta organización en Córdoba, Francisco Martínez Claus, no se trata precisamente de un proceso sencillo. «Ese tipo de procedimiento de reclamación se ha de hacer mediante un monitorio, es decir una reclamación judicial», que requiere de una comunicación fehaciente —vía burofax o documento notarial— al usuario de que tiene una deuda contraída, amén de que se le ha de conceder un plazo para que se ponga al corriente de los pagos.
Para Martínez Claus, lo interesante es que «se necesita de un registro donde esté la identificación de la persona que llama para poder luego enviarle esos requerimientos de pago», además de un reglamento donde se contemplen los derechos y obligaciones de taxistas y usuarios en igualdad de condiciones.
Algo que podrá llevarse a efecto cuando, a mediados del próximo mes de septiembre, salga a la luz el nuevo Reglamento Andaluz del Taxi, que luego cada ayuntamiento, en un plazo de 18 meses, deberá de adaptar a sus circunstancias. Según Francisco Martínez, el Consistorio cordobés «se tendrá que mojar esta vez en materia de radio taxi, y si no hubiera mirado para otro lado el 25 de marzo, cuando presentamos la denuncia, probablemente hoy no se estaría hablando de una sanción de 115.000 euros».
Para Facua, que reclama desde ya mismo estar dentro de la mesa paritaria que negocie ese nuevo reglamento en Córdoba, la ratificación de la Junta de la existencia de las «listas negras» es firme en su resolución, y, de hecho, la negativa de la asociación de taxistas a pagar la multa por considerarla «injusta» podría conllevar una sanción coercitiva de 600 euros por cada día que pase sin abonar el dinero.
Entre tanto, diferentes organizaciones nacionales de taxistas de todo el país celebrarán, casi con toda probabilidad en Córdoba, una asamblea para abordar futuras protestas por esta multa.
Por otro lado, desde la Junta negaron ayer que haya iniciado una «persecución contra el sector», como dijo el presidente de los taxistas. Le respondió que «la Agencia Andaluza de la Competencia ha actuado de manera objetiva y diligente, estudiando en profundidad el caso y resolviendo conforme a criterios basados en la legalidad y la defensa de los consumidores».
En este sentido, las mismas fuentes autonómicas abundaron en que se abrió un expediente a la asociación, ya que, «tras un proceso de estudio conforme a la legalidad vigente, se estimó oportuno proceder a la sanción interpuesta contra este colectivo, por ir en contra de la libre competencia». Es más, desde el pasado 21 de julio los taxistas cordobeses tenían de plazo dos meses para recurrir esta decisión ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), pero, a fecha de hoy, no se ha presentado recurso ante la Agencia de la Competencia.
