El Partido Popular cerró ayer filas con el sector del taxi tras la abultada multa de la Agencia Andaluza de la Competencia y pidió que «no se criminalice» a estos trabajadores después del varapalo legal a las conocidas como «listas negras».
El portavoz popular en el Ayuntamiento de Córdoba, José Antonio Nieto, cree que la situación nace de «un vacío legal» que dejaba desprotegidos a los taxistas ante un problema concreto: el de los clientes que después de haber solicitado por teléfono un servicio y con el conductor desplazado hasta el lugar, lo rechazaban o se marchaban.
Ante este perjuicio, la Asociación Provincial del Taxi, presidida entonces por José Joaquín Cuadra, creó estas listas de usuarios a los que después se reclamaba el servicio. Según el líder del PP, esta actuación chocaba «con los derechos de los consumidores» y, aunque venía a solucionar en parte esta situación, ha chocado con la oposición de la Agencia Andaluza de la Competencia.
Todo esto sucedió, recordó, por no haber un marco legal al que acogerse, algo que debería empezar a suceder a partir de ahora, cuando la Junta de Andalucía cree una norma general que después desarrollen los distintos Ayuntamientos para regular el servicio de taxis.
Elogios a Ruano
Nieto afirmó que los profesionales tendrían que haber tomado entonces la actitud que han adoptado ahora: reunirse con los responsables de las Administraciones para intentar encontrar una solución. El portavoz popular elogió además el trabajo del presidente de la Asociación Provincial del Taxi, Miguel Ruano, a su vez titular de la Federación Andaluza, y se mostró confiado en que la nueva normativa venga a solucionar los problemas que existen en la actualidad. «Está haciendo un buen trabajo para que la Junta realice una norma sobre el sector del taxi», manifestó.
José Antonio Nieto se mostró confiado en que el nuevo texto que tiene que desarrollar la Administración autonómica y que servirá de marco
general a lo que después desarrollen los Ayuntamientos venga a solucionar los problemas de los taxistas, entre ellos el de los clientes que abandonan servicios, con el consiguiente perjuicio económico para los profesionales.
