Rafael Gómez Sánchez se está quedando sin munición legal en la cruzada judicial que mantiene con el Consistorio cordobés para evitar el pago de la multa millonaria por la construcción de más de 40.000 metros cuadrados de naves sin licencia junto a la vieja cooperativa lechera de Colecor. El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) acaba de devolverle una de las últimas balas que tenía en la recámara al desestimar un recurso por el que solicitó que se paralizara de forma cautelar el cobro de la sanción de 24,6 millones de euros.
El propietario de Arenal 2000 presentó un recurso de apelación contra otro auto del Juzgado de lo Contencioso-administrativo número 2 de Córdoba, que le reclamó el pago de un aval o depósito de 29,6 millones de euros —24,4 millones, más otros 5 millones de euros en concepto de gastos judiciales— como condición para paralizar la multa. A Gómez aún le resta un cartucho por quemar, ya que interpuso otro recurso contra la sanción en un juzgado cordobés que está aún pendiente de resolverse.
Sea como fuere, la vía judicial ha entrado en su recta final y, aunque hasta ahora los tribunales le han dado la espalda, le han permitido ir dilatando el desembolso. Ahora, el proceso inicia una fase burocrática. Para proceder al cobro de la multa más sus intereses, el Consistorio tendrá que retomar la vía ejecutiva dictando una providencia de apremio que Gómez impugnará con toda probabilidad.
Fuentes cercanas al constructor indicaron a ABC que su planteamiento en este tipo de procedimientos es agotar todos los recursos legales a su alcance para postergar su abono. Para ello alegará los cuantiosos perjuicios económicos que la multa le acarrea.
En el caso de que no haga efectivos los 24,6 millones, Gómez se enfrentaría al embargo de sus bienes, en cuyo caso el Consistorio tendría que ponerse en cola, puesto que el Banco Popular y la Agencia Tributaria han iniciado procesos similares por impago.
Al tiempo que se estrecha el cerco legal sobre la controvertida multa, Corporación local y Junta de Andalucía mantienen sus discrepancias técnicas sobre el plan aprobado por la Gerencia Municipal de Urbanismo para facilitar la legalización de las instalaciones. Éstas fueron construidas irregularmente cuando la actual consejera de Obras Públicas de la Junta, Rosa Aguilar, era alcaldesa.
Según ha podido saber ABC de fuentes solventes, la Delegación Provincial de Obras Públicas ha emitido un informe que cuestiona tanto la superficie que, según Urbanismo, debería derribarse de las naves, como los usos permitidos de venta al por mayor. El Plan Especial Carretera de Palma del Río aprobado en su fase inicial por Urbanismo permite este tipo de venta comercial —criterio que no es compartido por la Delegación que dirige Francisco García—, así como la demolición de unos 15.000 metros cuadrados de techo, dejando en pie un 60 por ciento de la construcción. Hasta ahora, Obras Públicas en Córdoba se había posicionado a favor de limitar la edificación para restituir la situación original, lo que se traduce en un derribo de al menos 20.000 metros.
Informe de Obras Públicas
El informe no es vinculante, lo que no impide a Urbanismo que prosiga con su tramitación. Por tanto, sólo le cabría a la Consejería defender su criterio en los juzgados. Sin embargo, la última palabra la tiene Rosa Aguilar y, dado que los cambios introducidos al plan inicial fue pactado directamente por ella y el gobierno local, las posibilidades de que ésta decida recurrir a los tribunales —como se hizo con el plan municipal anterior, que fue tumbado por el TSJA— son nulas.
Todo apunta a que Gómez tendrá la vía expedita para su legalización por este flanco, ya que el PSOE, que ejerció de «azote» de IU en la campaña electoral de 2007, ha tirado la toalla. El secretario provincial y candidato a la Alcaldía, Juan Pablo Durán, encabezó ese giro cuando, en presencia de García y Rafael Blanco apostó el pasado junioi por «pasar página».
